Multas para los dueños de cuatro viviendas que empadronaron irregularmente a 34 migrantes en Palma y Llucmajor

La Policía Nacional ha multado con más de 23.500 euros en total a los dueños de cuatro viviendas de Palma y Llucmajor que habían empadronado irregularmente a 34 migrantes en estos inmuebles.

La investigación, según ha informado hoy la Policía, comenzó en una vivienda de Llucmajor, pero durante las gestiones se descubrió que el acusado también tenía otros dos pisos en Son Gotleu, donde llevaba a cabo el mismo tipo de fraude. Este hombre permitió el empadronamiento irregular de 18 personas, lo que resultó en una sanción de 2.000 euros por cada uno de los pisos en Son Gotleu y 7.000 euros por el inmueble en Llucmajor, sumando un total de 11.000 euros en sanciones propuestas. Además, la operación derivó en sanciones para otros tres propietarios en Llucmajor, que han sido multados con 2.000, 4.000 y 6.501 euros respectivamente por empadronar en las viviendas a 16 personas.

Estas sanciones han sido posibles gracias a la colaboración entre el grupo UCRIF 2 y el Ayuntamiento de Llucmajor, en el marco de un plan conjunto para reforzar los controles administrativos y prevenir el uso fraudulento del padrón municipal.

Esta campaña contra los empadronamientos irregulares continuará en los próximos meses, con un refuerzo de las inspecciones y controles administrativos. El objetivo es detectar nuevas irregularidades, sancionar a los responsables y garantizar un uso legítimo del padrón municipal.

Según ha señalado la Policía, el empadronamiento fraudulento no solo vulnera la normativa vigente, sino que también puede ser utilizado para acceder de forma indebida a ayudas sociales, servicios sanitarios y beneficios públicos. Por ello, los organismos competentes intensificarán su labor de supervisión para asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar prácticas que distorsionen la gestión municipal y el equilibrio de los servicios sociales.

Las sanciones impuestas se han aplicado en virtud de la Ley de Extranjería, en lo relativo a infracciones administrativas por inscripciones fraudulentas en el padrón municipal. Además, si se detectase falsificación de documentos públicos para llevar a cabo estos empadronamientos, los implicados podrían enfrentarse a responsabilidades penales conforme al Código Penal.