Baleares será la segunda comunidad que menos menores migrantes acoja tras el acuerdo entre PSOE y Junts

El Gobierno ha introducido dos variables importantes que suponen una disminución del número de jóvenes que llegarán: el impacto de la insularidad y la sobrecarga de los servicios actuales

El último encuentro entre Pedro Sánchez y Marga Prohens.

El último encuentro entre Pedro Sánchez y Marga Prohens.

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

Baleares será la segunda Comunidad Autónoma que acogerá a menos menores migrantes no acompañados, la más beneficiada es Catalunya, en el reparto acordado entre Junts y PSOE. Según los últimos datos del Ministerio de Juventud e Infancia, las islas recibirán 58 menores ―en un primer momento se dijo que eran uno más (59)― tras la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería, que permite la distribución obligatoria de estos jóvenes que llegan a las costas de Canarias. El Gobierno asegura que hay actualmente 4.400 niños y niñas que deberán repartirse por todo el país, si bien desde el ministerio de Infancia y Juventud reconocen que la cifra podría ser mayor debido a la llegada constante.

Según los cálculos iniciales, en los que no se tuvo en cuenta la difícil situación de Baleares, las islas tendrían que haber acogido alrededor de 156 menores, si bien el Ejecutivo central ha introducido dos variables importantes que suponen una disminución del número de jóvenes que llegarán: el impacto de la insularidad y la sobrecarga de los servicios actuales. Tal y como establece la normativa, en el caso de que no haya acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial como todo apunta, se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

Para el reparto, el Gobierno ha establecido una serie de criterios con los que ponderará la distribución de los menores. Si nada cambia, un 50 por ciento se repartirán en función la población de las comunidades; un 15 % en función de la tasa de paro de las regiones de acogida, según la Encuesta de Población Activa del último cuatrimestre; un 13 %, según la renta disponible bruta per cápita de los hogares de las autonomías de acogida; un 10 por ciento en función del «dimensionamiento estructural del sistema de plazas de acogida» estimado por el Ministerio de Juventud e Infancia, esto es, la diferencia de plazas existentes respecto al promedio deseable de disponer de una plaza por cada 2.500 habitantes; un 6 por ciento según el esfuerzo de la comunidad en la atención a jóvenes migrantes, entendido como el promedio de niños acogidos en los últimos seis meses y el ratio de menores por cada 100.000 habitantes de la población de la comunidad.

Además, una de las características que se ha tenido en cuenta a la hora de establecer cuántos menores corresponden a cada Comunidad es la insularidad. Concretamente, el texto recoge criterios pensados para no sobrecargar ciertos territorios por sus características geográficas, como son Baleares y Melilla, de modo que un 2 % de los jóvenes serán reubicados en territorios no insulares y otro 2 %, en zonas que no sean ciudad fronteriza.

Según explican desde el ministerio, la capacidad se obtendrá de dividir la población total de cada comunidad autónoma a 31 de diciembre del año anterior por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año anterior entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las Comunidades Autónomas antes del 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.

Tanto la presidenta del Govern, Marga Prohens, como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han advertido en reiteradas ocasiones que las islas no pueden seguir acogiendo a más menores, aunque con la modificación de la ley de Extranjería el reparto será obligatorio, por lo que tendrán que aceptar a los migrantes que el Gobierno decida enviar.

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