El Govern estudia si puede comprar las viviendas que un gran tenedor vende a precio barato en sa Pobla

Cuando dispongan de "información contrastada" sobre esta venta y sobre la situación de los inmuebles decidirán si realmente es susceptible de ser objeto de una compra mediante el ejercicio de tanteo y retracto

El fondo vinculado al hijo de José María Aznar ya fue noticia al intentar desahuciar a varias familias en el Rafal hace unos meses

Algunas de las viviendas del fondo buite en sa Pobla.

Algunas de las viviendas del fondo buite en sa Pobla. / TONINA CRESPÍ

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El Govern está analizando si puede comprar los bienes inmuebles que un gran tenedor posee en una isla entera de viviendas de sa Pobla y que ha puesto en el mercado a un precio "irrisorio y bastante inferior" al valor catastral, tal y como alertan desde Més per Mallorca. Desde la conselleria de Vivienda que dirige José Luis Mateo explican que cuando dispongan de "información contrastada" sobre esta venta y sobre la situación de los inmuebles estudiarán si realmente es susceptible de ser objeto de una compra mediante el ejercicio de tanteo y retracto, algo que todavía no pueden confirmar. Esta es una de las exigencias de Més per Mallorca, que pide al Ejecutivo autonómico que ejerza su derecho de compra, mediante el tanteo y retractotal como marca la ley balear de la Vivienda, para aumentar el parque de vivienda pública frente a la emergencia habitacional.

Entre las propiedades ahora puestas a la venta por un gran tenedor se encuentran 21 pisos (de entre 103 y 169 metros cuadrados por un precio de entre 70.000 y 130.000 euros, bastante por debajo del precio de referencia catastral), 11 oficinas (de entre 80 y 100 metros cuadrados), 54 aparcamientos y un local comercial. El vendedor en cuestión es la empresa Promontoria Coliseum Real Estate, SLU, que en junio de 2024 figuraba en el Registro de grandes tenedores como la empresa con mayor número de viviendas vacías de toda Baleares, con 101. Se trata del mismo fondo buitre que hace unos meses intentó, de forma continuada, desahuciar a varias familias en el barrio del Rafal. La mayor parte de los inquilinos acabaron marchándose al aceptar el dinero que les ofrecía el fondo, propietario del inmueble, o bien porque sus casos tenían poca defensa después de años sin pagar el alquiler social.

La conselleria reitera que el Govern apuesta por la compra por tanteo y retracto, tal y como ya se ha hecho en esta legislatura con la adquisición por parte del IBAVI de 35 viviendas por esta vía que se incorporan al parque público de vivienda, dato que ya fue informado recientemente en la rueda de prensa de balance del plan de choque del Govern en materia de vivienda.

VÍDEO | Un gran tenedor de Baleares vende "a precio irrisorio" casi un centenar de inmuebles en sa Pobla

Tonina Crespí

En concreto, el diputado ecosoberanista Ferran Rosa explica que, en fecha de 25 de febrero de 2025, se presentó escritura ante notario para la puesta a la venta de 87 bienes inmuebles que un gran tenedor tiene en una misma isla de sa Pobla, construida en 2010, con un total de 99 referencias catastrales, entre aparcamientos, locales comerciales, oficinas y viviendas.

Ante este hecho y en el contexto de emergencia habitacional, Més per Mallorca reclama al Govern que ejerza su derecho de tanteo y retracto, tal como marcan los artículos 26 quater y 36.4 de la ley balear de la Vivienda para la venta entre grandes tenedores y de viviendas vacías, respectivamente. "Haya sido o no haya sido informado y notificado de la voluntad de venta que marca la Ley, el Govern debe ejercer la compra y ponerlos a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler social. Es inexplicable que, con viviendas a menos de 100.000 euros, se haya inscrito en el registro la compra por otra empresa. O el Govern no tiene control sobre la actividad de las empresas o bien no quiere comprar viviendas para hacer frente a la emergencia habitacional", asegura el diputado Ferran Rosa.

El caso Metrovacesa

Existe un precedente cercano, no exento de polémica, en el que el Govern de Marga Prohens decidió no ejercer este derecho. Sucedió cuando el Ejecutivo del PP abortó la operación de compra de 88 viviendas de Metrovacesa para alquiler social ubicadas en el barrio de Nou Llevant aprobada por el Govern de Francina Armengol cuando estaba en funciones. Desde la conselleria de Vivienda, dirigida en aquel momento por Marta Vidal, estudiaron a fondo las opciones que tienen para no consumar la operación, valorada en 25,8 millones de euros.

Hay que recordar que el Pacto, mientras estaba en funciones, impulsó el desvío 16,3 millones de euros de la empresa pública Ports de les Illes Balears a otra empresa, el Institut Balear de la Vivienda (IBAVI), para poder adquirir el edificio con el objetivo de destinarlos a alquiler social. En aquel momento, el IBAVI no contaba con liquidez suficiente para hacer frente al pago.

La Fiscalía Anticorrupción decidió archivar la denuncia que el Govern de Prohens presentó por la operación de compra al entender que había «irregularidades sustanciales». El ministerio público no apreció ningún indicio de delito ni irregularidades en la actuación del Ejecutivo de Francina Armengol, después de que la conselleria no remitiera la documentación requerida.

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