Más de diez casos al mes: las agresiones a docentes se triplican en el segundo trimestre de aplicación del protocolo en Baleares
En lo que va de año Educación ha registrado 35 casos de intimidación, sobre todo de tipo verbal

Profesores del IES Medina Mayurqa, en un acto para rechazar las agresiones y amenazas sufridas por dos docentes el curso 2022-2023 / DM

Las agresiones a docentes (en su mayoría verbales) se han triplicado en el segundo trimestre de aplicación del sistema de avisos que Educación puso en marca el pasado octubre, a demandas de los sindicatos. Así, si en los tres meses de 2024 el NADIB (Notificaciones de Agresiones a Personal Docente) registró 11 casos, en lo que va de año el sistema ha contabilizado 35 episodios de intimidación por parte de alumnos o familias hacia el profesorado.
Este protocolo es una demanda en la que los sindicatos venían insistiendo en los últimos años, advirtiendo que la conflictividad en los centros va en aumento. El caso de una madre que dio una paliza a la maestra de su hijo en un colegio de Palma en 2022 hizo que las entidades sindicales urgieran a Educación a adoptar medidas para proteger al personal docente. La medida se acabó incluyendo en el segundo Acuerdo Marco firmado a finales de la anterior legislatura por el exconseller Martí March. El actual responsable de Educación, Antoni Vera, asumió el acuerdo y su equipo ha sido el responsable de elaborar y poner en marcha (el pasado octubre) el citado protocolo.
Cabe señalar que aunque estos sean los casos oficiales contabilizados por el sistema, docentes han explicado a este diario que no todos los avisos son finalmente consideradas agresiones. Un profesor de Secundaria contaba a este diario haber usado el protocolo para denunciar un mail con una amenaza por parte de una familia y que Educación le replicó que no se consideraba agresión.
Según explicó Vera en la presentación del sistema de avisos, en teoría se entiende por agresión amenaza, abuso verbal, físico, intimidación ataques, coacciones, agresiones sexuales, calumnias, injurias, vulneración de datos privados, violencia digital, mensajes de odio y difusión de contenidos sexuales sin consentimiento. Supuestamente todas estas situaciones están incluidas en este protocolo, inspirado en el que ampara a los profesionales de la salud.
El documento fue elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Conselleria con la colaboración de los sindicatos STEI, ANPE, UOB, UGT, COO, USO y SIAU, en cumplimiento de uno de los puntos del acuerdo marco que se firmó en la anterior legislatura. Cuando un docente notifica una agresión a través del NADIB el caso llega directamente a los servicios jurídicos de la Conselleria para que lo estudien (incluso podría llegar a intervenir la Abogacía de la CAIB). Al mismo tiempo, el departamento de Inspección Educativa valora qué medidas inmediatas se pueden tomar cuando el autor de la agresión ha sido un alumno, decisión que se toma en función de la gravedad de la agresión ya sea un cambio de aula, de centro o una expulsión. Esta decisión debe tomarse en cuestión de días para que las agresiones no vayan más allá, independientemente del proceso jurídico posterior.
El nuevo protocolo también contempla un seguimiento de la salud del docente posterior a la agresión, tanto médico como psicológico. En el momento de la agresión, el documento recomienda mantener la calma, intentar contener la situación y pedir ayuda a un compañero si es necesario.
Desde principio de curso, algunos casos que han llegado al NADIB han supuesto tener que adoptar medidas excepcionales en algunos centros puntuales, como videovigilancia o personal de seguridad.
Los docentes ha tiempo que avisan de que la conflictividad va en aumento y que se encuentran con cada vez más situaciones difíciles de gestionar, tanto con alumnos como con algunas familias, un factor más que propicia, indican, la crisis de vocaciones docentes que está azotando a los institutos. Cabe recordar que la última memoria del policía tutor de Baleares, correspondiente al curso 2023-2024, señalaba un aumento del 32% de casos por enfrentamientos graves de alumnos con profesores, llegando a las 131 intervenciones
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