Laia Bonet, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona: «La ecotasa es nuestra segunda fuente de ingresos»

Laia Bonet Rull (Valls, 1972) asistió el pasado viernes en Palma, como miembro del PSC, a una jornada de trabajo y debate sobre la vivienda como «derecho irrenunciable», con el objetivo de recoger las propuestas de expertos y entidades sociales de cara al 15º Congreso del PSIB.

El Govern plantea desbloquear suelo urbano y urbanizable a cambio de que la mitad de lo que se levante sea público o a precio limitado. Se proyectan unas 10.000 en total. ¿Qué opina de esta medida para paliar la crisis habitacional?

Apoyo la iniciativa, pero hace falta mucho trabajo para abordar la emergencia habitacional. No basta con vivienda pública; hay que definir a qué precio y en qué condiciones. Lo prioritario es garantizar accesibilidad regulando los alquileres.

Barcelona ha vivido un gran aumento en su parque de vivienda pública desde 2015, mientras Baleares prevé entregar solo 135 pisos protegidos en 2025. ¿Qué estrategias podrían aplicarse en Mallorca para acelerar la construcción?

En Barcelona usamos todas las herramientas disponibles en dos frentes: aumentar la oferta y contener los precios. Como Ayuntamiento, hemos pasado de construir 500 a 1.000 viviendas protegidas al año, integrando equipos de urbanismo y vivienda. Además, colaboramos con el Estado desde 2020 y ahora con la Generalitat para cofinanciar más vivienda pública.

El Govern desbloquea los suelos urbanizables de Palma a cambio de que se hagan en ellos más pisos asequibles

¿Qué más están haciendo para incrementar la oferta?

Trabajamos con el tercer sector y cooperativas, cediendo suelo municipal para vivienda protegida. También obligamos a los privados a destinar el 30% de nuevas construcciones de más de 600 m² a protección oficial. Aunque esta norma, vigente desde 2018, no ha rendido como esperábamos, la estamos ajustando.

En Baleares, el mercado privado está dominado por el turismo. ¿Se deberían adquirir pisos privados para uso público, como se está haciendo en Barcelona?

Sí, allí recuperamos oferta existente. Decidimos no renovar licencias de 10.000 pisos turísticos legales para en 2028 poder destinarlos a vivienda. También compramos pisos en casos excepcionales, como con Casa Orsola, junto a entidades sociales, para proteger a inquilinos.

Catalunya duplicó su tasa turística y ahora destina un 25% de la misma a vivienda pública. ¿Podría esto ayudar en Baleares?

Sin duda, sería una decisión acertada. En Barcelona, la ecotasa y su recargo son la segunda fuente de ingresos fiscales. Pasamos de 7 a 15 euros por turista en hoteles de 5 estrellas. Esto financia vivienda, transporte público y mejoras en zonas concurridas como la Boqueria.

Los promotores afirman que pueden construir en Baleares unas 15.000 viviendas asequibles en menos de ocho años

¿Qué impacto está teniendo la nueva Ley de Vivienda en la Ciudad Condal?

Nos da herramientas clave. Entre 2013 y 2023, el alquiler subió un 68%, expulsando a muchos. La ley fija un tope a los precios y, en un año, los alquileres bajaron un 6,4%. Además, no ha reducido la oferta: hay 800 nuevos contratos en Barcelona. Es irresponsable que algunos gobiernos, como el de Baleares, no la apliquen por motivos políticos.

¿Qué papel juega el transporte público en ciudades como Barcelona o Palma?

Es la columna vertebral de la movilidad sostenible, que supone el 80% de los desplazamientos en Barcelona. Invertimos en autobuses de cero emisiones (25% de la flota) y en carriles bici seguros para cumplir los objetivos climáticos de 2030, haciendo la ciudad más habitable.

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