El Govern desbloquea los suelos urbanizables de Palma a cambio de que se hagan en ellos más pisos asequibles

El Govern balear ha aprobado hoy un decreto ley que busca desbloquear los suelos urbanos y urbanizables de Palma a cambio de que al menos la mitad de las viviendas que se levanten en ellos sean de protección pública o de precio limitado. Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, eso puede hacer que se pongan en el mercado alrededor de 10.000 pisos asequibles. Esta iniciativa contempla también otras actuaciones para el conjunto de las islas, como la creación de un procedimiento exprés para la edificación de vivienda pública y el requisito de cinco años de residencia en cada municipio para optar a los inmuebles sometidos a un régimen de protección.

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Este decreto ley crea los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) en Palma, que contempla el desbloqueo de los suelos urbanos y urbanizables ya previstos en el plan general de 2023 de este municipio, con una reducción sustancial en sus plazos de tramitación, que actualmente llega a superar los diez años y que de esta forma se podrán realizar en un periodo de 18 a 24 meses. Se trata de una de las reivindicaciones que con más insistencia se han venido haciendo durante los últimos años por parte de las asociaciones empresariales vinculadas al sector inmobiliario.

Condiciones

La condición para impulsar esta agilización de los plazos es que el 50% de los pisos que se hagan en estos lugares deben de ser de protección pública o de precio limitado. Teniendo en cuenta que el potencial aproximado de los PRE es de unas 20.000 viviendas, eso supone que unas 10.000 se enmarcarán en lo que se considera un precio asequible, y además deberán de estar destinadas a personas residentes.

El decreto ley contempla también que se deberá ceder al Consistorio palmesano un 15% del aprovechamiento de este suelo para hacer vivienda de protección pública. También se incrementarán las densidades (pasará a ser de 225 habitantes por hectárea), con el objetivo de que en ese suelo tenga cabida un mayor número de residencias sin que ello suponga un mayor consumo de territorio.

Esta medida afecta a los suelos urbanos que tienen pendiente su transformación, como las áreas de renovación urbanas o las de rehabilitación integral, además de las unidades de ejecución delimitadas en el plan general palmesano o en el plan de reconversión integral de la Platja de Palma, junto a los urbanizables.

Las condiciones que se aplicarán incluyen que estas actuaciones deberán de incorporar un mínimo de 100 viviendas, y podrán ser de iniciativa tanto pública como privada, que se beneficiarán de una reducción de los plazos al disfrutar de una tramitación urgente y preferente, y de un procedimiento unificado.

En un mismo procedimiento podrán tramitarse tanto el plan de ordenación, el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización, lo que explica que los plazos previstos se reduzcan de los más de 10 años actuales a solo un año y medio o dos.

Con esta iniciativa, el Govern calcula que en Palma se podrán impulsar más de 20.000 viviendas en total, de las que entre 15.000 y 18.000 corresponderán a los suelos urbanizables y unas 5.000 en los urbanos pendientes de transformar, de las que la mitad deberán corresponder a las citadas de precios asequibles. Hay que tener en cuenta que este municipio dispone de las mayores reservas de suelo urbanizable y es además el que registra la mayor demanda residencial.

Medidas para Balears

El decreto ley incorpora otras iniciativas con impacto en el conjunto de Balears con el fin de favorecer a los residentes de todas las islas. En concreto, queda establecido el requisito de cinco años de residencia en el municipio en el que se encuentre la promoción de viviendas de precio limitado o de protección pública.

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También se contempla un procedimiento exprés para desarrollar vivienda pública en cualquier tipo de suelo, con la excepción del rústico protegido. Para ello, se contará con una declaración de interés autonómico por parte del Govern con un informe precio del Ayuntamiento, y la posterior autorización del proyecto por el Ejecutivo autonómico. De esta forma se pretende reducir de forma notable la ejecución de estas promociones.

Se incorporan cambios en la figura de la vivienda de precio limitado creada en 2024, al exigir que el 30% de estas promociones se reserven a los menores de 35 años, al tiempo que los promotores de diez o más de estos inmuebles deberán mantener esta reserva durante un periodo de dos años.

El decreto ley regula medidas para el desarrollo de las reservas estratégicas de suelo (RES) pendientes, creadas de la mano de la denominada Ley Carbonero en 2008 y que buscaba impulsar las viviendas de protección pública, y eleva su densidad con el fin de poder levantar más pisos sin aumentar la superficie, además de fijar un procedimiento de urgencia en las licencias municipales para los proyectos de edificación de las RES.

Este paquete de actuaciones lleva tiempo en estudio tras la petición formulada en este sentido por la asociación de promotores inmobiliarios de las islas, desde la que se ha reiterado que la medida más importante para sacar al mercado vivienda asequible pasaba por dar un impulso a los suelos urbanizables.

Además, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha añadido que "hace meses" que el Ejecutivo autonómico está trabajando este decreto con Vox.