Cambios para optar a una vivienda de precio limitado en Mallorca: Habrá que demostrar cinco años de empadronamiento en un mismo municipio

El decreto ley aprobado por el Govern balear que trata de desbloquear los suelos urbanos y urbanizables de Palma a cambio de que al menos la mitad de las viviendas que se levanten en ellos sean de protección pública o de precio limitado, añade nuevas medidas para el conjunto de Baleares.

Una de las más destacadas es que para poder optar a uno de los pisos de precio capado se necesitará demostrar cinco años de empadronamiento en un mismo municipio con el fin de favorecer a los residentes de todas las islas.

El Govern desbloquea los suelos urbanizables de Palma a cambio de que se hagan en ellos más pisos asequibles

También se contempla un procedimiento exprés para desarrollar vivienda pública en cualquier tipo de suelo, con la excepción del rústico protegido. Para ello, se contará con una declaración de interés autonómico por parte del Govern con un informe precio del Ayuntamiento, y la posterior autorización del proyecto por el Ejecutivo autonómico. De esta forma se pretende reducir de forma notable la ejecución de estas promociones.

Se incorporan cambios en la figura de la vivienda de precio limitado creada en 2024, al exigir que el 30% de estas promociones se reserven a los menores de 35 años, al tiempo que los promotores de diez o más de estos inmuebles deberán mantener esta reserva durante un periodo de dos años.

Condiciones

Este decreto ley crea los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) en Palma, que contempla el desbloqueo de los suelos urbanos y urbanizables ya previstos en el plan general de 2023 de este municipio, con una reducción sustancial en sus plazos de tramitación, que actualmente llega a superar los diez años y que de esta forma se podrán realizar en un periodo de 18 a 24 meses. Se trata de una de las reivindicaciones que con más insistencia se han venido haciendo durante los últimos años por parte de las asociaciones empresariales vinculadas al sector inmobiliario.

La condición para impulsar esta agilización de los plazos es que el 50% de los pisos que se hagan en estos lugares deben de ser de protección pública o de precio limitado. Teniendo en cuenta que el potencial aproximado de los PRE es de unas 20.000 viviendas, eso supone que unas 10.000 se enmarcarán en lo que se considera un precio asequible, y además deberán de estar destinadas a personas residentes.

El decreto ley contempla también que se deberá ceder al Consistorio palmesano un 15% del aprovechamiento de este suelo para hacer vivienda de protección pública. También se incrementarán las densidades (pasará a ser de 225 habitantes por hectárea), con el objetivo de que en ese suelo tenga cabida un mayor número de residencias sin que ello suponga un mayor consumo de territorio.