El juez decidirá cómo paga el Govern balear su deuda con los funcionarios
El Ejecutivo presenta un plan de pagos sin negociarlo con el STEI y lo condiciona a la disponibilidad presupuestaria al no tener nuevas cuentas para 2025
Comparecencia de STEI, UGT, CCOO y CSIF durante la negociación con el Govern, con Miquel Gelabert (tercero por la izquierda). / B. Ramón
La forma y plazos con los que el Govern va a liquidar la deuda que tiene contraída con sus trabajadores públicos va a ser finalmente decidida por un juez, después de que la Abogacía de la Comunitat Autònoma haya presentado un plan de pago a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) sin negociarlo previamente con el sindicato STEI, que es el que ha ganado la sentencia contra la decisión del Ejecutivo autonómico de Francina Armengol de no aplicar la subida salarial pactada para 2021. La intención del actual Gabinete de Marga Prohens es abonar en septiembre de este año al menos un 65% de esos importes, y en enero y febrero de 2026 un máximo del 35%, pero siempre condicionado a la disponibilidad presupuestaria. El secretario general de la citada organización sindical, Miquel Gelabert, ya ha anunciado su rechazo a la fórmula propuesta, con la presentación de las correspondientes alegaciones en las que exige que el pago se haga en un máximo de tres meses.
El acuerdo alcanzado recientemente entre el Govern y los sindicatos con representación en la Mesa del Empleado Público para equiparar con Canarias el plus de insularidad balear, entre otros puntos, dejó al margen el abono de las cantidades adeudadas al no aplicar un incremento salarial acordado para 2020 y 2021, aunque se habló de desembolsar la parte de la sentencia ganada por el STEI, que además generaba intereses, durante este año, con una cantidad que se estimó en torno a los 100 millones de euros, y esperar a 2026 para hacer entrega de alrededor de 70 millones más vinculados a la demanda impulsada por UGT y todavía sin sentencia.
Decisión antes del acuerdo
La reunión en la que se llegó a este acuerdo se celebró pasado el 27 de febrero, pero para sorpresa del STEI la Abogacía de la Comunitat Autònoma había presentado una semana antes, el día 19, su plan de pago ante el Juzgado sin negociarlo antes con este sindicato.
El Govern de Marga Prohens quiere completar el pago de la deuda a principios de 2026. / B. Ramón
La propuesta del Govern ante el juez contempla actualizar en la nómina de marzo o de abril de este año, con efectos a 1 de enero, la actualización de ese 2,9% pendiente. Por lo que respecta a la deuda contraída entre 2020 y 2024, que se estima «superior a los 140 millones de euros» por los representantes del Ejecutivo autonómico, se propone al juez en abono de al menos un 65% en septiembre de este año, y un máximo del 35% entre enero y febrero de 2026, pero advirtiendo que «dicha calendarización está directamente vinculada al cumplimiento de los principios presupuestarios y, especialmente, al de estabilidad y sostenibilidad financiera coherente con la normativa europea y la legislación estatal básica».
Rechazo del STEI
La fórmula propuesta por el Govern al juez para saldar su deuda y cumplir la sentencia no ha gustado al STEI ni en el fondo ni en las formas. Sobre las segundas, porque no ha buscado un acuerdo previo entre ambas partes («en ningún momento el Govern se ha puesto en contacto con el sindicato para presentar un plan consensuado y en la línea del que se había ido hablando en la mesa de negociación», según Gelabert), pero además porque se ha entregado al juez cuando las negociaciones todavía estaban en marcha.
Y respecto al fondo, porque el STEI reclama que la deuda reconocida en la sentencia que ha ganado se salde en un plazo máximo de tres meses, y bajo ningún concepto vinculado a esa disponibilidad presupuestaria. Ambas reclamaciones han sido incluidas en las alegaciones que esta organización ha presentado en el Juzgado contra las pretensiones del Ejecutivo.
Hay que tener en cuenta que en el texto remitido al juez por la Abogacía de la Comunitat Autònoma se reconoce que «la no aprobación de la Ley de Presupuestos para 2025 por falta de apoyo parlamentario determinó que fueran prorrogados los de 2024 y que la condena de la sentencia no esté incluida en ellos ni en los fondos de contingencia». Se añade que «al lado de las dificultades de carácter financiero y contable, por la elevada cuantía que representa la condena, hay que añadir las derivadas de la movilidad del personal al servicio de la Administración desde 2021».
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