El Consell de Mallorca recurre a la eficacia de Hacienda para cobrar las multas del alquiler turístico ilegal
La institución firma un convenio con la Agencia Tributaria por el que le cede la búsqueda del infractor y la ejecución de las sanciones

Galmés y Costa ratificaron con su firma este convenio de colaboración. / J.F.M.
El Consell de Mallorca ha decidido recurrir a la eficacia de la Agencia Tributaria de Baleares para aumentar el porcentaje de recaudación de las sanciones que se impone por la comercialización ilegal de pisos turísticos. A partir de ahora será Hacienda de Baleares la que se encargará de localizar al infractor que se está dedicando a esta actividad irregular, sin autorización, notificarle la sanción y proceder a la ejecución de la multa. Es decir, se aplicarán todos los medios, sobre todo en el acceso a la información de cada contribuyente, para conseguir que las sanciones por la comercialización ilegal de pisos turísticos sean efectivas y se cobren. La sanción mínima por esta actividad irregular es de 80.000 euros, si bien esta cantidad se puede reducir en determinadas circunstancias, como por ejemplo ante el pago voluntario de la multa.
La colaboración entre el Consell de Mallorca y la ATIB se ha certificado esta mañana a través de la firma de un convenio entre ambas instituciones. La firma ha sido rubricada por el presidente Llorenç Galmés y el conseller de Economía, Antoni Costa.
Galmés ha explicado que muchas veces los mecanismos con los que cuenta el departamento de Turismo para notificar una sanción por la comercialización de pisos turísticos de manera ilegal son poco efectivos. De hecho, siete de cada diez notificaciones iniciales fallan, por diferentes circunstancias, debido sobre todo a que no se localiza al infractor porque los datos de su domicilio son erróneos, cuando se le debe comunicar personalmente la sanción que se le ha impuesto. Estos fallos obligan al departamento de Turismo del Consell a insistir en las gestiones para poder localizar al infractor y al no ser posible, muchas sanciones se han dejado de cobrar.
Galmés señaló que desde que se hizo cargo del Consell de Mallorca ha sido una prioridad política la persecución de la oferta turística ilegal, con el objetivo de impulsar una “nueva era del turismo” en la isla. Con la persecución de esta oferta se pretende “mejorar la relación de turistas y residentes”, resaltó Galmés, que a su vez insistió en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del que hace bien las cosas y no se dedica a esta comercialización ilegal. El presidente del Consell señaló que la oferta ilegal representa una grave competencia desleal al sector turístico regulado, a la vez que supone un grave problema de convivencia. “La finalidad del Consell no es recaudar más dinero con estas inspecciones, sino lo que pretendemos es luchar contra esta oferta ilegal desbocada con la que nos encontramos al llegar a la institución”.
Precisamente, una de las estrategias que se utilizan para perseguir esta oferta ilegal es aplicar un procedimiento administrativo eficaz frente a los infractores, para que las multas que se imponen sean efectivas. El Consell no cuenta, ni con una actualizada base de datos de todos los ciudadanos, ni con personal suficiente para poder localizar a estos infractores, lo que dificulta el cobro de estas sanciones. Con este acuerdo con la ATIB, según detalló Galmés, se podrá utilizar la base de datos que dispone la Agencia Tributaria para localizar al infractor. Hacienda se encargará a partir de ahora de notificar la sanción al responsable de esta actividad irregular y de asegurarse que la multa se va a pagar. El dinero que se recaude se entregará después al Consell de Mallorca.
El vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, incidió también en que la lucha contra los pisos turísticos sin licencia ha sido uno de los caballos de batalla del Govern. Costa se comprometió a que su departamento aplicará un mayor nivel de eficacia ante el impago de este tipo de sanciones y quiso lanzar el mensaje de que “el que se dedica al alquiler turístico sin licencia en Mallorca que tenga muy claro que tendrá que pagar una multa”. El conseller aseguró que no tendrá validez que el propietario de este inmueble tenga su domicilio fiscal en otra ciudad, o incluso en el extranjero, ya que la Agencia Tributaria utilizará todos los medios a su alcance para cobrar la sanción.
Solo el año pasado el departamento de Turismo del Consell de Mallorca impuso multas por valor de 8,4 millones en su campaña de persecución de la oferta de alquiler turístico ilegal. El año anterior las sanciones sumaron 5,7 millones, frente a los 1,7 millones del último año de la anterior legislatura. Un porcentaje elevado de estas sanciones aún no se han cobrado porque los afectados han recurrido las multas.
Fuentes del Consell señalaron que las multas iniciales de 80.000 euros se rebajan cuando el propietario del piso renuncia a esta actividad ilegal.
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