Siete condenados por estafar a una antigua marquesa y grande de España en Mallorca

La Audiencia de Palma ha condenado a siete personas por estafar a una antigua marquesa y grande de España en Mallorca mediante préstamos hipotecarios fraudulentos entre 2011 y 2013.

Entre las sentenciadas figuran dos mujeres conocidas popularmente como ‘Las Antonias’, con antecedentes por estafa, una de las cuales se encuentra en la actualidad en prisión. Ambas aceptaron ayer sendas penas de dos años de cárcel y multa por un delito de estafa continuada. El resto de los acusados, cuatro hombres y otra mujer, se conformaron con penas de seis meses de prisión y un año, además de multa. La Sala les suspendió la condena de cárcel. Mientras, otros tres sospechosos fueron absueltos por el tribunal de la sección primera.

Catorce años de cárcel para una pareja por una gran estafa inmobiliaria

Las dos principales encausadas se aprovecharon de la amistad que una de ellas tenía desde hacía años con la perjudicada, que hasta 2010 había ostentado el título de marquesa de Casa Ferrandell, con Grandeza de España, si bien luego cedió el título a un familiar y finalmente su hermana lo pudo recuperar tras litigar y conseguir que el Tribunal Supremo le diera la razón.

Las dos acusadas solicitaron a la víctima que constituyera una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad para obtener un préstamo y así ayudarlas a sacar adelante un negocio. De esta manera, las dos sospechosas convencieron a la perjudicada para que firmara escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 10 de noviembre de 2011 autorizada por un notario de la isla sobre una vivienda ubicada en el Llevant que era de su propiedad. Además, declaró recibir en calidad de prestataria un importe de 75.000 euros en metálico cuando en realidad no obtuvo cantidad alguna.

Ese mismo día, una de las encausadas, con el fin de otorgar apariencia de verosimilitud a la operación y acrecentar la confianza que la víctima depositaba en ella, aseguró la devolución de 75.000 euros a través de la firma de un reconocimiento de deuda, plasmada en escritura autorizada por otra notaria.

Posteriormente, y siguiendo el mismo ‘modus operandi’, las dos sospechosas volvieron a embaucar a la mujer bajo el pretexto de necesitar activo líquido para traer a España el importe de una suculenta herencia que venía del extranjero. En esta ocasión, a cambio de recibir 5.000 euros, que tampoco obtuvo, lograron que hipotecara otra finca de su propiedad, también libre de cargas.

En esta segunda operación actuaron otros dos acusados como mediador y prestamista, respectivamente. La antigua marquesa declaró recibir 24.450 euros del préstamo hipotecario, pero la realidad es que no obtuvo ningún dinero.

A principios de 2013, se vio envuelta en una tercera operación similar con otro préstamo con garantía hipotecaria protagonizada por otros dos encausados por un importe de 76.000 euros, que tampoco recibió. Y días después, volvió a ser estafada con una cuarta operación.

Presiones a la víctima

Dado que llegado el día de vencimiento de los diferentes préstamos ninguno de estos fue restituido, ya que nunca había sido esa la voluntad de los acusados, los prestamistas comenzaron a presionar a la perjudicada para que pagara o en caso contrario tendrían que iniciar los trámites de las distintas ejecuciones hipotecarias. Así, se interpuso una demanda de ejecución hipotecaria en un juzgado de Manacor, actualmente en suspenso debido a la causa penal abierta.

De forma paralela, una acusada consiguió que la víctima le hiciera una dación en pago de una finca y le hizo firmar también un documento privado en 2014 por el que le cedía el uso y disfrute de la terraza de una de sus fincas.

Los sospechosos se repartieron las funciones y cada uno asumió un rol para aprovecharse económicamente de la mujer siendo plenos conocedores de que el dinero de los préstamos no iba a ser devuelto jamás, por lo que el resultado final de las operaciones fraudulentas suponía adquirir una de las fincas a través de una ejecución hipotecaria a precio muy por debajo de su valor de mercado, pues el valor de tasación lo fijaron los acusados al margen de cualquier tasación oficial, según la versión del fiscal.

Los sospechosos se enfrentaban a penas de siete años y medio y seis años y medio de cárcel, pero ayer el ministerio público rebajó su petición al apreciar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Uno de ellos, además, reparó el daño al haber consignado ya los 3.500 euros de indemnización.

Los siete encausados reconocieron los hechos ante la Sala, que ha declarado la nulidad de todas las escrituras públicas relativas a los préstamos y la nulidad del documento privado que firmó la perjudicada.

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