Un magnate ruso intenta desvincularse de la propiedad de un yate que está retenido en Palma

La embarcación "Shasha I" está intervenida por la relación de su dueño con Vladimir Putin

El 'Sasha Primero', amarrado en el Club de Mar de Mallorca.

El 'Sasha Primero', amarrado en el Club de Mar de Mallorca. / DM

 Un tribunal de Madrid ha rechazado levantar el embargo preventivo que se adoptó sobre el yate “Shasha I”, propiedad de un oligarca ruso Vladislav Reznik. El barco está retenido en el puerto de Palma, por la vinculación de su dueño con Vladimir Putin. Esta embarcación, valorado en casi tres millones de euros y que se comercializaba en régimen de alquiler, fue embargada al inicio de la guerra de Ucrania.

Esta embarcación de lujo pertenece al conocido político Vladislav Reznik, que fue sancionado por la Unión Europea por su vinculación directa con el presidente de Rusia. El empresario y político moscovita mantiene una gran relación con Mallorca, donde es propietario de varias viviendas de lujo, ubicadas todas ellas en la localidad de Calvià.

Reznik fue sancionado por la Unión Europea por ser uno de los 350 parlamentarios rusos que en febrero del año 2023 votaron a favor de reconocer la independencia de las provincias que forman parte de la región de Donbás, en Ucrania, donde las tropas rusas iniciaron su ofensiva militar.

La orden de inmovilizar este yate de lujo fue dictada por la dirección general de la Marina Mercante. El empresario ha intentado el levantamiento de dicha orden, simulando que el barco ya no le pertenecía, al tener que entregarlo a su mujer como consecuencia del acuerdo de separación. Los jueces han considerado que se trata de una maniobra ficticia y que el magnate ruso sigue siendo el titular de la embarcación, aunque se simulara su venta a través de un acto notarial realizado en Calvià.

El empresario ruso también fue implicado en su momento en la operación Troika, una investigación desarrollada sobre todo en Mallorca contra la mafia rusa. Se le relacionó con Petrov, el principal acusado, que fue quien lo introdujo en la isla, al venderle su vivienda en Calvià. Toda la organización fue absuelta por la Audiencia Nacional, al interpretar que no había llevado a cabo ninguna actividad delictiva en España.

En esta demanda judicial contra la orden de embargo, la empresa Centros Comerciales Antei, a cuyo nombre está inscrita la embarcación y que pertenece al político ruso, intentó convencer al tribunal que el yate era propiedad de Diana Gindin, exmujer del político ruso. Esta mujer, que tiene la doble nacionalidad rusa y norteamericana, también tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio de la operación Troika.

La sentencia relata el uso de una serie de empresas que utiliza el magnate ruso para simular la propiedad de sus bienes, entre los que se incluye, sin ningún tipo de duda, el yate que está amarrado en el Club de Mar de Palma.

Según la documentación que se ha analizado en este pleito, la empresa Centros Comerciales Antei traspasó en el año 2007 la embarcación de lujo a un fondo económico domiciliado en Gran Bretaña. Detrás de esta sociedad, según han podido comprobar los jueces, está el magnate ruso, que aunque formalmente no figura como propietario del yate, continuaría bajo su control.

La abogacía del Estado ha denunciado las maniobras societarias que ha encabezado Reznik para eludir las sanciones económicas que ha impuesto la Unión Europea, como respuesta a la decisión de Rusia de invadir Ucrania, un conflicto armado que todavía persiste.

Entre los bienes que durante la investigación de la operación Troika se relacionaron con Reznik se atribuían tres viviendas de lujo en Mallorca, varios vehículos de alta gama y dos embarcaciones de un elevado nivel económico. Entre los yates figura el Shasha I. El diputado de la Duna, que pertenece al mismo partido político que Putin, disponía a su nombre de un avión privado valorado en más de diez millones de euros.

La sentencia desmonta la maniobra económica que ha realizado el político ruso para desvincularlo de la propiedad de este yate. También se rechaza la posibilidad de que el Estado español deba indemnizarle por el dinero que ha dejado de ganar al no poder alquilar la embarcación, al estar retenida.  

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