Demanda laboral por el despido de una educadora social del centro de menores es Pinaret en Mallorca

Una educadora social del centro de internamiento de menores de es Pinaret, en Marratxí, ha interpuesto una demanda laboral contra la fundación que la contrató tras haber sido despedida a principios de 2025.

La trabajadora plantea que el despido es nulo porque se ha vulnerado el derecho fundamental a la integridad física, dignidad y a no ser discriminada por incumplimiento grave en referencia a las obligaciones en materia preventiva y de salud y forma de gestionar y dirigir a los recursos humanos en la empresa.

De forma subsidiaria, considera que el despido sería improcedente por “fraude de ley” y abuso en la contratación temporal.

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La afectada solicita una indemnización de 25.000 euros en concepto de daño moral por la gravedad de los hechos debido “al comportamiento antisocial desempeñado por parte de la empresa, consistente en la presión laboral tendenciosa que vengo soportando”. La empleada se queja de haber prestado servicios “en un escenario pernicioso desde el punto de vista de los riesgos psicosociales” y denuncia también haber concatenado media docena de contratos laborales temporales durante más de dos años.

La educadora social, representada por el abogado Pablo Alonso de Caso, lamenta también que la empresa, en vez de accionar el plan de prevención de riesgos laborales psicosociales para evitar los riesgos que existen, le abriera un expediente sancionador contra ella, que finalmente resultó archivado.

“La empresa no ha actuado como se le presupone, omitiendo su responsabilidad en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo respecto de los trabajadores bajo su manto empresarial, y para conmigo en particular, sumada a la presión laboral que está ejerciéndome a través de la apertura de expediente sancionador, en vez de solucionar los conflictos existentes en la plantilla a través del plan de prevención de riesgos laborales en índole psicosocial”, mantiene la empleada en su demanda.

“La empleadora ha actuado de forma negligente derivada de la inobservancia de sus obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, por cuanto esa obligación le exige, específicamente, cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y, con carácter más general, adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”, sostiene la demandante.

“Es palmario que el empresario no ha respondido como debiera ante la situación en la que me encuentro, pues es su deber velar por la integridad física y psíquica de sus trabajadores”, prosigue la afectada.

Riesgos psicosociales

La demanda señala que en la empresa existen “graves riesgos psicosociales” derivados del perfil de usuario, menores conflictivos ingresados mediante una medida judicial. El centro socioeducativo es Pinaret está dividido en diferentes hogares, con capacidad cada uno de ellos para una decena de plazas. Según la demanda, hay falta de personal y una sobrecarga de trabajo.

La afectada detalla que en junio de 2024 se presentó a los exámenes de convocatoria de plazas por concurso oposición. Aprobó, pero no obtuvo plaza, por lo que, según su versión, debería estar en un bolsín de trabajadores. La educadora social denunció que se estaba contratando a terceras personas ajenas al bolsín a través de oferta de empleo mediante el SOIB.

Además, incide en que ha concatenado diferentes contratos laborales temporales en los últimos dos años, desde que empezó a trabajar en el verano de 2022, y no han respetado su derecho a estar en el bolsín creado. De hecho, la educadora social pidió que la hicieran indefinida y, poco después, la despidieron.

“Desde mi último contrato fraudulento celebrado el 14 de diciembre de 2024, me quejo de la concatenación de contratos de trabajo temporales, que me debieran de hacer indefinida, siendo que el 19 de enero dan por finalizada mi relación laboral, aun cuando ya la habían dado por finalizada otras tantas veces durante la relación que me ha atado con la empresa, si bien esta vez no van a seguir contratándome por mi beligerancia en la defensa en mi expediente disciplinario y por exigir que me hagan indefinida”, recalca la educadora social, que ha acudido al TAMIB.