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El juez abre juicio contra Le Senne por romper la foto de las 'Rojas del Molinar'

El magistrado le impone al presidente del Parlament una fianza de 40.000 euros y le da un plazo de un día para que la pague

Le Senne no convenció al juez al justificar su reacción frente a la foto de las represaliadas.

Le Senne no convenció al juez al justificar su reacción frente a la foto de las represaliadas. / B. Ramon

Palma

Gabriel Le Senne se convertirá en el primer presidente del Parlament de Baleares que será juzgado por un hecho tan significativo como es el delito de odio. A pesar de que la fiscalía no aprecía ningún delito en la actuación del político de Vox al romper, durante un pleno parlamentario donde se discutía la derogación de la ley de memoria histórica, la fotografía de las mujeres que fueron asesinadas durante la dictadura, el magistrado sí considera que existen indicios de que Le Senne pudo actuar movido por el odio.

El juez no ha esperado a que la Audiencia haya resuelto el recurso contra el auto anterior, en el que detallaba las razones por las que consideraba que existían estos indicios delictivos, para dictar la resolución definitiva que, con toda seguridad, obligará a esta autoridad política a sentarse en el banquillo. Además de la apertura de juicio oral, el magistrado, a petición de una de las acusaciones populares, impone al ya acusado una fianza en concepto de responsabilidad civil. La caución económica la fija en 40.000 mil euros. Gabriel Le Senne tiene un plazo de un solo día para abonar esta cantidad. Si no lo hace, el magistrado le advierte que procederá al embargo de sus bienes particulares para que cubran esta fianza.

Aunque la fiscalía inicialmente no presenta cargos contra Le Senne, el juez ha decidido llevarle a juicio porque el político de Vox debe enfrentarse al delito y a las penas que solicitan las acusaciones particulares y populares. Además de los familiares de la represaliada Aurora Picornell, integrante de las denominadas “Roges del Molinar”, ejercen la acusación popular la asociación “Estimada Aurora”, así como el Partido Comunista de los Pueblos de España y el Partido Comunista de España.

Estas acusaciones populares ya han entregado al juzgado sus correspondientes escritos de acusación. Las penas que se piden van desde los 20 meses a los cuatro años de prisión. Todas las partes reclaman la inhabilitación del político de Vox para que no pueda ejercer ningún cargo de representación pública. En cualquier caso, Gabriel Le Senne ha manifestado en numerosas ocasiones que no considera que cometiera ningún delito de odio al romper la fotografía y ha anunciado que no tiene ninguna intención de presentar su dimisión. Por lo tanto, si cumple su palabra y se mantiene en el cargo, se sentará en el banquillo ejerciendo el cargo de presidente del Parlament, que corresponde al segundo cargo institucional más importante de Baleares.

Esta fianza económica, que ha sido acordada por el juez, fue solicitada por las acusaciones para que Le Senne indemnice por el daño ocasionado a la Asociación para la recuperación de la memoria histórica de Mallorca y al Partido Comunista de España.

Lo que sí rechaza el magistrado es la propuesta de la formación PCPE que pretendía extender la responsabilidad civil al partido político Vox, que fue el que propuso a Le Senne para que fuera nombrado president del Parlament. El juez interpreta que Vox no tiene ninguna responsabilidad en la actuación de Le Senne, por cuanto no consta que hubiera dictado directrices a su representante político para que actuara como lo hizo, al romper la fotografía de las mujeres asesinadas durante la etapa franquista.

Precisamente, la Asociación de Memoria Democrática de Mallorca ha mostrado esta mañana su satisfacción por la decisión del juez, a la vez que ha exigido la dimisión inmediata de Le Senne como presidente del Parlament.

El juicio contra el político de Vox se celebrará en un juzgado de lo Penal de Palma, pero todavía no se conoce la fecha.

En la vista, Le Senne contará con el respaldo de la fiscalía, que si bien ha reprochado su actitud durante el pleno parlamentario, considera que no se puede condenar al político por un delito de odio.

La fiscalía ha pedido a la Audiencia de Palma que acuerde el archivo del caso, porque sostiene que no hubo delito. El Ministerio Público se ha adherido a la petición del propio Le Senne, que también ha pedido el archivo del caso. El fiscal calificó la actuación del investigado de “acto colérico” y de “formas sin duda incorrectas” al mostrar su enojo al observar que las políticas socialistas, Mercedes Garrido y Pilar Costa, se negaban a acatar su orden, en la que les exigía que retiraran de la mesa la imagen de las mujeres asesinadas. Le Senne estiró la mano y arrancó la fotografía que exponían las políticas.

Su actuación durante este pleno parlamentario, sin duda, provocó un gran escándalo político a nivel nacional y debido a ello tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para defenderse de un delito de odio. 

El magistrado Juan Manuel Sobrino ha acordado que se comunique la apertura de juicio oral al Parlament, cumpliendo lo acordado en el reglamento de la institución política. Sin embargo, en su auto advierte que el auto de procesamiento no es firme y que está pendiente del recurso que debe resolver la Audiencia. El artículo 9 del Reglamento del Parlament, que cita el propio magistrado, establece que los diputados quedarán suspendidos cuando se dicte la apertura de juicio oral y el pleno lo acuerde por mayoría absoluta.

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