La Audiencia de Palma reprocha a un abogado su “argucia” para suspender el macrojuicio de la estafa de las casas modulares

La Audiencia de Palma ha reprochado hoy a un abogado defensor de Madrid su “argucia” para provocar la suspensión del macrojuicio que debía celebrarse durante esta semana contra tres acusados de estafar a una docena de personas con la construcción de casas modulares en la isla en 2017 y 2018.

Tres detenidos por una estafa con casas modulares en Mallorca

Este letrado representaba desde hace poco tiempo a un matrimonio encausado, pero el pasado 6 de febrero renunció al ejercicio de la defensa. Cuatro días después, se solicitó la suspensión del juicio y se pidió abogado de oficio.

“No se le puede abrir expediente”, ha reconocido la presidenta del tribunal de la sección segunda al comprobar que se habían respetado los plazos previstos, pero ha subrayado que se trata de “una actuación procesal a todas luces fraudulenta, es una argucia para provocar la suspensión del juicio”. Según la sala, “es una renuncia fraudulenta”. Por ello, la Audiencia Provincial comunicará al Colegio de Abogados de Madrid la conducta procesal del abogado.

El tribunal se ha visto obligado a suspender la vista oral porque las nuevas defensas no han tenido tiempo de instruirse y preparar el juicio.

La fiscalía solicita para los tres sospechosos una condena de 21 años de prisión por un delito continuado de estafa agravada por la cuantía y al tratarse de un bien de primera necesidad, la vivienda, al haber presuntamente engañado a una docena de personas con la construcción de casas modulares aparentando ser una empresa mallorquina seria, solvente y profesional.

El ministerio público también reclama que los encausados indemnicen a los perjudicados con más de medio millón de euros por las cantidades abonadas sin que estos llevaran a cabo las obras ni construyeran sus casas.

El tribunal también ha criticado hoy la “falta de diligencia” del matrimonio acusado y ha avanzado que no apreciará una eventual circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. “Esta dilación será imputable a ustedes”, ha destacado la presidenta de la sala. El juicio estaba señalado desde hace dos años. En octubre de 2023 se intentó llegar a un acuerdo en una vista previa, pero fue imposible.

Grave perjuicio

“Esta suspensión ha causado un grave perjuicio al funcionamiento de la sección y también causa un quebranto a las personas que demandan Justicia”, ha asegurado la magistrada presidenta del tribunal, en referencia a la grave situación de colapso que padece la sección penal de la Audiencia Provincial.

Los tres sospechosos se han sentado en el banquillo de los acusados apenas un cuarto de hora. Tras suspenderse el juicio, han abandonado el Palacio de Justicia de Palma.

Según la versión de la fiscalía, los hechos se iniciaron a finales de 2016 y principios de 2017, cuando el principal encausado, que fue condenado en esas fechas por falsedad documental y estafa por un juzgado de Inca, constituyó la sociedad Grupo GRC Modular Mallorca SL con el fin de dedicarse a la construcción y venta de viviendas modulares en la isla. Su esposa le ayudó en la tarea y ambos empezaron a captar clientes haciéndoles creer que podían realizar viviendas en un corto periodo de tiempo y a un precio inferior al normal gracias a un sistema modular.

Aparentando ser una empresa sólida y profesional, pidieron dinero a cuenta a los afectados. Algunos incluso recibieron unos planos en 3D y pensaron que su casa estaría lista en cuatro meses. La realidad es que no construyeron las viviendas y se quedaron con más de medio millón que habían cobrado a los perjudicados por distintos conceptos, según la acusación pública.

Los acusados se anunciaban en redes sociales, en su página web y también en otras páginas especializadas en la construcción con el objetivo de captar más clientes. Siempre realizaban ofertas más bajas que las convencionales.

Catorce años de cárcel para una pareja por una gran estafa inmobiliaria

Simulaban que habían obtenido un certificado emitido por el instituto de ciencias de la construcción que les permitía construir casas prefabricadas, pero ese documento había sido falsificado, ya que correspondía a otra empresa, según la fiscalía.

Tras el primer año de gestiones con los clientes, la sociedad comenzó a ir mal y finalmente entró en concurso de acreedores. Poco antes, la pareja creó otra nueva empresa, Proyectos y Obras Modma SL, que empezó a funcionar a principios de 2018, en la que entró a participar el tercer acusado.

Según el ministerio público, los sospechosos estafaron a once personas en esa época con la construcción de casas modulares, que nunca llegaron a hacerse realidad. Hubo perjudicados que pagaron más de 80.000 euros y uno de ellos abonó más de 230.000 euros en reiterados pagos muy seguidos en 2017 y 2018. Las obras no se ejecutaron y los acusados, tras una serie de excusas, acabaron por no coger el teléfono ni dar explicaciones. Ahora, tendrán que responder ante la Justicia.