Vera pide por escrito al Gobierno cambiar la ley para evitar casos como el del profesor condenado por acoso
El conseller de Educación ha enviado cartas a los ministerios de Educación, Juventud e Infancia, Función Pública y Trabajo solicitando que personas con antecedentes como el de Miquel Roldán no puedan ejercer como docentes
Momento del juicio al profesor Miguel Roldán / DM
El conseller de Educación, Antoni Vera, ha mandado varias cartas a distintos ministerios solicitando un cambio normativo para evitar casos como el del profesor condenado por acoso a un exalumno, Miquel Roldán, cuya reincorporación a las aulas ha generado gran inquietud entre las familias.
En concreto, Vera ha escrito al ministerio de Educación, al de Infancia y Juventud, al de Función Pública y al de Trabajo, relatando los hechos conocidos sobre las actuaciones de Roldán (la condena por hostigar a un antiguo estudiante y también sus intentos de contactar con otros exalumnos en el IES Son Pacs) y pidiendo que se pueda excluir de la función docente a personas con un historial parecido al de Roldán, argumentando que la protección del menor debe primar por encima de todo. Cabe recordar que ahora mismo la ley solo contempla vetar de todo trabajo que suponga contacto con menores a aquellas personas que no hayan sido condenadas por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual así como por cualquier delito de trata de seres humanos.
El conseller pide a los distintos ministros que se amplíen esos supuesto previstos en la ley de 2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Estas misivas parecen ser la única acción que puede ejecutar la Conselleria como respuesta a la preocupación de las familias del CEIP Janer Manila. Ayer en la mesa paritaria compuesta por administración y sindicatos no prosperó la medida de forzar a Roldán a pasar una revisión de salud obligatoria que incluiría una evaluación psiquiátrica.
Roldán fue considerado culpable el pasado noviembre de acosar a un menor que había sido alumno suyo. Fue condenado a un año de prisión y a indemnizar a la víctima con la suma de 6.000 euros por los daños morales causados y no acercarse a menos de 300 metros ni contactar con ella por ningún medio durante un periodo de cuatro años. La sentencia no recogía la petición de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de inhabilitarlo como docente.
El profesor ha recurrido esta sentencia. También tiene un recurso presentado contra la conselleria de Educación por haberle expulsado de la bolsa de interinos durante ocho meses en 2023 (en aquel momento él presentó un certificado médico para demostrar que no tenía ninguna “limitación psíquica incompatible con las funciones docentes”).
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