El Govern censura el absentismo laboral de Núria Riera: "No ayuda al prestigio en general del funcionariado público"
El ejecutivo abrirá una investigación interna para esclarecer por qué la portavoz del PP en el Consell se ausenta de su trabajo como funcionaria cuando la ley no lo permite
"Evidentemente nos gustaría que no se produjesen hechos como este, porque efecto positivo no tiene", remarca Antoni Costa
Govern Illes Balears
La polémica en torno a Núria Riera ha dejado de ser un asunto interno del Consell de Mallorca para convertirse en un problema de primer orden para el Partido Popular y el Govern balear. Su reiterado absentismo laboral para ejercer como portavoz del PP ha obligado al Ejecutivo autonómico a reaccionar con contundencia, en un intento de frenar el desgaste político que esta situación está provocando.
El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, reconoce públicamente la gravedad del caso y admite que no hay justificación para que Riera abandonara su puesto de jefa del servicio de Gestión del personal laboral y acción social de la Dirección general de Función Pública en al menos 25 ocasiones para atender compromisos políticos. "Efecto positivo no tiene, este tipo de noticias no ayudan al prestigio en general del funcionariado público de la administración autonómica", lamenta Costa, reflejando el malestar dentro del Ejecutivo.
El Govern anuncia la apertura de una investigación interna que podría iniciarse la próxima semana. La Dirección General de Función Pública analizará el caso "en términos equivalentes a como lo haría con cualquier otro funcionario", en un intento por trasladar una imagen de rigor y equidad. No obstante, las palabras del vicepresidente dejan entrever que el Govern ya asume que se han producido irregularidades: "Podría no haberse respetado íntegramente ni cumplido con todos los términos de la compatibilidad", señala.
El marco legal es claro al respecto. La Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas establece que los miembros de corporaciones locales con dedicación parcial pueden percibir retribuciones por su labor política, pero siempre que lo hagan fuera de su jornada en la Administración. Sin embargo, Riera utiliza horas de su jornada laboral como funcionaria para participar en ruedas de prensa, tertulias y actos políticos, una circunstancia difícil de justificar. "Una cosa es la compatibilidad y otra que, a raiz de lo conocido, dándose esa compatibilidad, no se haya cumplido con todos los términos", insiste en portavoz del Govern.
El malestar dentro del Govern es evidente. Costa, que marca distancias con el escándalo, reitera en varias ocasiones que "no son noticias en positivo" y asegura que, de haberse producido un caso similar en su conselleria, habría actuado del mismo modo, con un análisis previo antes de tomar las "decisiones pertinentes". Sin embargo, la presión sobre el Ejecutivo sigue en aumento. "Evidentemente nos gustaría que no se produjesen hechos como este, porque efecto positivo no tiene. Todos los ciudadanos entienden el mensaje cuando digo que no es positivo. Son cuestiones que no actúan en positivo", lamenta el Govern.
El caso Riera ha abierto una grieta porque la realidad es que la portavoz popular en el Consell de Mallorca ha actuado al margen de la normativa durante meses sin que se tomaran medidas. Ahora, con la indignación creciendo y la oposición exigiendo explicaciones, el Govern está obligado a reaccionar.
Críticas del PSOE
El conseller del PSOE en el Consell de Mallorca, Javier de Juan, critica duramente el caso de Núria Riera al considerar que "sobrepasa todos los límites de la decencia profesional y política". Los socialistas recuerdan que la portavoz del PP compaginó su cargo como vocera del PP con su puesto como funcionaria del Govern balear, incumpliendo "de manera reiterada" la normativa.
Tal y como ha revelado este diario, Riera fichaba su entrada en el trabajo, se ausentaba sin previo aviso para atender compromisos políticos y regresaba únicamente para registrar su salida, a pesar de que debía cumplir con sus funciones como jefa del servicio de Gestión del Personal Laboral y Acción Social en la Dirección General de Función Pública.
De Juan acusa directamente al presidente del Consell, Llorenç Galmés, de haber "tapado el escándalo" y de intentar "esconder" a Riera. Según el conseller socialista, la reacción del Govern, que ha anunciado que investigará el caso, es "una falsedad más que no nos creemos", ya que, en su opinión, "es el mismo gobierno que lo ha permitido y lo ha consentido".
El PSOE exige medidas inmediatas y responsabiliza tanto a Galmés como a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de la situación. "No puede estar en dos sitios a la vez", sentencia De Juan, reclamando que, si Galmés no asume su responsabilidad, sea la propia Prohens quien intervenga, pues, de lo contrario, "también será cómplice de una estafa a todos los mallorquines".
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