Aumentan las críticas de Baleares a la decisión del Gobierno central de tumbar el registro obligatorio para los agentes inmobiliarios
La asociación consumidores Consubal y la patronal PIMEM advierten del perjuicio que se ocasiona a los ciudadanos
Madrid ha tumbado el registro obligatorio para agentes inmobiliarios / B. Ramón
La asociación balear de consumidores Consubal y la patronal PIMEM se han sumado a las voces críticas contra la decisión del Gobierno central de Pedro Sánchez de tumbar el registro obligatorio de agentes inmobiliarios, alegando el daño que esa decisión puede ocasionar al conjunto de los ciudadanos.
Tal y como adelantó Diario de Mallorca, el Ejecutivo estatal consideró que la exigencia de que todos los agentes inmobiliarios estén registrados, y cumplan con unos requisitos para ejercer esta profesión en aspectos como la formación o en disponer de un seguro de responsabilidad civil, atenta contra la libre competencia y resulta inconstitucional. Y ello a pesar de que ese registro obligatorio era una iniciativa impulsada por el PSIB a través de una enmienda en el Parlament, que el PP aceptó debido a que contaba con el respaldo del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas y de la patronal ABINI. El Govern balear ha decidido mantenerlo, pero solo con carácter voluntario.
José Miguel Artieda, presidente de Apibalears y del colegio oficial del ramo / B. Ramón
Daño a los consumidores
El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, considera que esa obligatoriedad «garantizaba a los consumidores que los intermediarios tuviesen la formación y capacitación suficiente para intervenir en este tipo de operaciones que suponen un acto de gran importancia para los usuarios que requieren de sus servicios». Además, recuerda que fue fruto de muchos años de negociación y que era una iniciativa de especial utilidad en un «momento difícil en el ámbito inmobiliario».
Por su parte, desde la asociación Apibalears-PIMEM, que preside José Miguel Artieda al igual que el citado colegio oficial, se expresa su decepción ante la caída de una medida que había sido aprobada por el Parlament balear con un amplio respaldo político.
Esta organización señala que «quien sale perdiendo es el consumidor, ya que desaparecen las garantías que proporcionaba dicha ordenación en cuento a cantidades entregadas a cuenta, calificación del agente profesional y en el modo de proceder en las transacciones».
Además, se advierte que con la decisión del Gobierno central también sale perjudicado el propio mercado.
José Luis Mateo, conseller de Vivienda / B. Ramón
Declaraciones del conseller
El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha hecho hincapié en que desde el primer momento la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se opuso tajantemente a la obligatoriedad de registrarse por parte de los agentes inmobiliarios al considerar que la medida era inconstitucional.
Añade que en la posterior comisión mixta entre ambas Administraciones, la estatal mantuvo ese mismo rechazo sin dejar margen de maniobra.
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