El pacto para elevar el plus de insularidad a los funcionarios de Baleares salta por los aires por el rechazo de los "sindicatos corporativos"

El Govern ha decidido meter en el congelador cualquier posible acuerdo para pagar la deuda que se tiene con los empleados públicos y elevar el plus de insularidad alegando la oposición que han expuesto algunas organizaciones sindicales de ámbito sectorial, básicamente del sector sanitario y de la educación. La decisión ha provocado las iras de UGT, CSIF, STEI y CCOO, que hoy comparecerán públicamente para denunciar estos hechos y poner sobre la mesa la amenaza de movilizaciones.

Govern y sindicatos quieren cerrar la próxima semana el acuerdo para pagar la deuda a los funcionarios de Baleares

La reunión que hoy se ha celebrado ha sido extraordinariamente breve, dado que el director general de Función Pública, Antoni Mesquida, únicamente ha comunicado que se va a ejecutar la sentencia que ganó el STEI, y que supone el abono de unos 115 millones de euros, pero que se pospone cualquier posible acuerdo para pagar unos 60 millones más que dependen ahora de la demanda presentada por UGT y que está pendiente de sentencia, y sobre todo deja en el aire el aumento del plus de insularidad que debía de situarlo en los niveles de Canarias.

Acusaciones

Fuentes de las organizaciones que estaban dispuestas a llegar a un pacto, es decir, UGT, CSIF, STEI y CCOO apuntan directamente a los «sindicatos corporativos» a los que acusan de haber boicoteado cualquier posible consenso en esta materia, y en concreto se cita al SIMEBAL (médicos), SATSE (enfermería) y ANPE (enseñanza), los dos últimos ni siquiera con presencia en la mesa negociadora. El problema, se afirma «es que algunos no iban a salir en la foto y han preferido poner palos en las ruedas».

Se señala también a algunos altos estamentos de la Administración, a los que se reprocha que se estén oponiendo a un acuerdo que supone que todos los empleados públicos de una isla cobren el mismo complemento independientemente de su categoría

Hay que recordar que la negociación giraba ahora de forma muy especial sobre el calendario para la equiparación del plus de insularidad con Canarias. El Govern ya había asumido que debía de ser igual para todos los trabajadores públicos, y de lo que se trataba era de elevarlo de forma muy notable, hasta dejarlo en 205 euros mensuales para los empleados públicos de Mallorca, 410 para Menorca e Ibiza, y en los 615 en el caso de Formentera.

La equiparación de la insularidad con Canarias de los funcionarios baleares puede llevarse a 2028

Pérdida económica

En el caso de Mallorca, esa paralización supone frenar una medida que iba a elevar el plus de insularidad en algunas categorías en mas de 150 euros al mes, pero que incluso para los médicos de Formentera suponía una mejora de casi 500 euros.

Desde los cuatro sindicatos que estaban dispuestos a cerrar el pacto, y que representar a alrededor del 80% de la mesa negociadora, se lamenta que Antoni Mesquida haya aceptado jugar el papel de «mandado» y de «dinamitar por órdenes superiores» un pacto en el que se lleva meses trabajando.

Por todo ello, se avanza que mañana se dará a conocer un calendario de movilizaciones por parte de UGT, CSIF, STEI y CCOO para exigir que el Govern rectifique y se recupere el acuerdo previsto para hoy.

Reacción del SIMEBAL

Por su parte, el presidente del sindicato médico de Baleares (SIMEBAL), Miguel Lázaro, ha expresado su oposición a que todos los empleados públicos cobren el mismo plus de insularidad, tal y como pretenden UGT, CSIF. STEI y CCOO, y además ha destacado que la propuesta que estas últimas organizaciones pretendía aprobar perjudicaba claramente a personal sanitario y docente, es decir, a casi la mitad de los trabajadores públicos de la Comunitat Autònoma.

«El problema de los sindicatos de clase es que pensaban que ya tenían el pescado vendido, y quizás no lo estaba tanto», y añade que «a quien tienen que pedir explicaciones es al Govern», que es el que ha decidido finalmente aplazar cualquier acuerdo en relación con este tema.

Lázaro ha justificado el rechazo de SIMEBAL (médicos) y de los sindicatos SATSE (enfermería) y ANPE (docentes) alegando que estos colectivos salían claramente perjudicados.

Plus diferente por categorías

En primer lugar, el presidente del sindicato médico defiende que este plus sea diferente según la categoría del trabajador público, dado que no es la misma la formación por la que han pasado, ni la responsabilidad que asumen, al tiempo que la escasez de personal se da precisamente entre personal sanitario y docente, y no en otras categorías.

Además, subraya que con la forma de equiparar esa compensación por residencia, precisamente médicos, personal de enfermería y docentes iban a ser los últimos en ver mejoradas sus retribuciones.

Miguel Lázaro añade que la subida que los demás sindicatos quieren aplicar en Baleares, equiparándose con Canarias, es insuficiente debido a que el coste de la vida es mayor en el caso del primer archipiélago, de ahí que en su opinión esa equiparación debe de ser con Ceuta y Melilla.

También cuestiona que se haya querido vincular el pago de la deuda con los funcionarios que el actual Ejecutivo de Marga Prohens heredó del de Francina Armengol con la subida del citado complemento de residencia.

El presidente del sindicato médico defiende que el Govern se esté replanteando cualquier posible acuerdo, al considerar que la propuesta defendida por UGT, CSIF, STEI y CCOO perjudicaba a casi la mitad de los trabajadores públicos de las islas y lamenta que los responsables de estas últimas organizaciones «toleren tan mal la frustración».