Los agentes inmobiliarios de Baleares no tendrán que figurar en un registro obligatorio

El registro obligatorio para los agentes inmobiliarios de Balears, que debía de servir para dar seguridad y transparencia al sector precisamente en un momento de auge en la entrada de nuevas agencias dedicadas a esta actividad, y que va acompañado del correspondiente régimen sancionador, ha caído por imposición del Gobierno central, que considera que atenta contra la libre competencia e incurre en inconstitucionalidad. El aspecto más llamativo es que esta iniciativa fue impulsada por el PSIB y asumida por el PP, lo que permitió su aprobación en el Parlament con un amplísimo respaldo, y ha sido un Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez el que ha parado la medida, aunque el Govern de Marga Prohens ha decidido mantenerla pero solo con carácter voluntario. La ventaja de la obligatoriedad es que hacía que todas las personas dedicadas a esta actividad tuvieran que cumplir unas condiciones, como en el caso de su formación, que buscaban elevar la calidad de su servicio.

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La regulación de los agentes inmobiliarios la puso en marcha el anterior Gabinete autonómico de Francina Armengol, con el consenso del colegio oficial del ramo y de la patronal de inmobiliarias ABINI, pero no tuvo tiempo de aprobarlo. Cuando el Ejecutivo de Marga Prohens llevó al Parlament su proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, fue el grupo socialista el que presentó como enmiendas la citada regulación de los agentes inmobiliarios, con la creación del registro obligatorio, que fue asumida por el PP al venir consensuada con las principales organizaciones del sector, quedando aprobada en abril de 2024.

Pero el Gobierno central que encabeza Pedro Sánchez exigió la marcha atrás de ese registro obligatorio por considerar que atenta contra la libe competencia y contra la Constitución, y en las negociaciones mantenidas con el Ejecutivo balear finalmente se ha quedado como una iniciativa voluntaria, dejando que solo se inscriban en él los agentes inmobiliarios que lo deseen.

Modificación exigida

Desde la conselleria de Vivienda se reconoce que «el Govern tendrá que modificar la regulación sobre los agentes de la propiedad inmobiliaria (API), por acuerdo exigido por el Gobierno de España, que amenazaba con recurrir ante el Tribunal Constitucional esta normativa. Es curioso y sorprendente que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se haya cuestionado de este modo una regulación que había sido pactada por PSIB y PP en el Parlament balear, a partir de una enmienda del grupo socialista».

Se añade que «el principal cambio es que el Registro Oficial de Agentes Inmobiliarios de Balears, creado con esta normativa por primera vez, no será de inscripción obligatoria para ejercer en las islas, sino que será voluntario. El Govern balear sigue apostando por el registro, y podemos asegurar que tendrá continuidad, a pesar de sea voluntario, y defendemos que es necesario como garantía para los consumidores o 'marca' profesional para dar un buen servicio a los ciudadanos».

Desde la Conselleria se indica que ese registro ya es una realidad y se han recibido más de 800 inscripciones de APIs (entre colectivas e individuales). En noviembre de 2024, con su entrada en vigor, ya había más de 500 y desde entonces ya se han recibido cerca de 300 más. 

El departamento de Vivienda añade que «el Gobierno central también obliga a que se elimine la exigencia de capacitación profesional para ejercer como API. Sin embargo, el Govern balear sí pedirá acreditar la capacitación profesional para poderse inscribir en el registro, de forma que éste sea un tipo de ‘sello de garantía’ para el consumidor».

El acuerdo en la comisión mixta de ambas administraciones sobre las discrepancias «se publico la semana pasada en el BOIB y el BOE, y hay otro punto tanto o más relevante, que es el acuerdo por el que el Govern ha ‘salvado’ las principales medidas del decreto de emergencia sobre vivienda. En este punto, el Govern salva de la amenaza del Gobierno central las cerca de 4.000 viviendas asequibles que se están planificando a través de ese decreto». 

PSIB: "No lo han luchado"

La portavoz del PSIB en temas urbanísticos, Mercedes Garrido, reconoce que ha sido Madrid la que ha cuestionado el citado registro de carácter obligatorio, pero alega que su caída se debe a que el Govern del PP «no lo ha luchado porque el actual conseller, José Luis Mateo, no cree en él».

Garrido afirma que el Ejecutivo de Prohens cedió sin resistencia ante las dudas de la Administración central, en lugar de defender las causas que lo justifican en Balears, facilitando la caída de la medida pese a haber sido presentada por los socialistas. «La anterior consellera de Vivienda, Marta Vidal, sí hubiera luchado para mantenerlo porque entendía lo necesario de ese registro obligatorio».

En cualquier caso, Garrido se muestra convencida de que los agentes inmobiliarios profesionales sí se inscribirán en él pese a la voluntariedad «y solo quedarán fuera los piratillas que hay en el sector».

Decepción de los API

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, José Miguel Artieda, reconoce la «enorme decepción» que entre este colectivo ha provocado la supresión por exigencia del Gobierno central de la obligatoriedad a la hora de inscribirse en el citado registro, dado que con esta medida se garantizaba que las personas que se dedican a la mediación en la compraventa de viviendas cumplían unos requisitos destinados a asegurar su profesionalidad, como disponer de la correspondiente formación. Además, era una reivindicación que se había mantenido durante años.

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Artieda considera que con la desaparición de esa obligatoriedad pierden en primer lugar los ciudadanos, ya que se beneficiaban de mayores garantías al hacer uso de los servicios de un agente inmobiliario, al tiempoque podían informarse de que ese profesional cumple con todos los requisitos fijados.

Pero añade que también el propio mercado y los agentes inmobiliarios salen perjudicados al dejar la puerta abierta a la competencia desleal y a prácticas como la sobrevaloración de los inmuebles para hacerse con una cartera de viviendas que poder ofrecer, algo que distorsiona los precios que se reclaman para acceder a un inmueble en un momento en el que ya están en máximos. Además, es de la opinión de que el régimen sancionador que acompaña estas medidas para penalizar comportamientos irregulares «ha quedado desarmado».

Artieda considera que los agentes inmobiliarios realmente profesionales se inscribirán en el citado registro para demostrar que cumplen con las condiciones previstas y su nivel de profesionalidad, pero lamenta que al no ser obligatorio se facilita la actividad de los que no respetan esas reglas del juego y actúan como competencia desleal.

Desde ABINI se opta por no hacer declaraciones al haberse producido muy recientemente el relevo en su presidencia, ahora ocupada por Daniel Arenas.

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