Archivada la denuncia de los funcionarios contra el conseller Marcial Rodríguez

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, puede pasar página a la denuncia de un grupo de funcionarios por supuestos intento de agresión, amenazas y coacciones contra empleados públicos, además de injerencia política con los expedientes e irregularidades como el amaño de la plaza de una funcionaria. Se le ha dado carpetazo al caso en el Consell de Mallorca. La comisión investigadora del Sistema Interno de Información, ante el que se interpuso la denuncia, ha decidido archivarlo al “quedar constancia” de que no hay infracción penal o administrativa grave o muy grave, según el informe registrado este martes.

Después de que se haya llevado a cabo una investigación interna, con entrevistas a testigos, la víctima del supuesto intento de agresión y los acusados, el propio Rodríguez y la directora insular de Ordenación Turística, Clara del Moral, se concluye que no hay irregularidades. La comisión subraya que "llama la atención que si los denunciantes consideraban que los hechos eran infracción penal o administrativa grave o muy grave no se haya presentado la denuncia hasta el mes de diciembre de 2024". Al respecto hay que tener en cuenta que el Sistema interno de información que ha investigado esta denuncia se implantó a finales del año pasado (emana de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que incorpora a la legislación española una directiva europea).

"Solo un testigo"

En cuanto a la denuncia de coacciones, amenazas e intento de agresión por parte del conseller Rodríguez al jefe de Inspección Turística, se destaca que entre las entrevistas a testigos que "presumiblemente" habían visto o sentido los hechos o bien se encontraban en la sala junto al despacho de reuniones donde tuvo lugar la discusión (en marzo de 2024) uno de ellos aportó un croquis y que se ha constatado que frente a la puerta del despacho hay "una columna". Se asegura que nadie oyó lo que se decía en la sala de reuniones que tenía la puerta cerrada y era "imposible o muy difícil" ver lo que estaba pasando y si se supo fue por lo que contó la persona presuntamente agredida. "La mayoría de los testimonios" dicen que el conseller no entró en el edificio Alba, donde se situó la agresión, gritando ni en tono amenazante. "Solo un testigo afirma que vio los hechos en un momento puntual en que una persona salía del despacho, a pesar de reconocer que estaba sentado de espaldas en una posición lateral y sesgada". "Esta afirmación  –prosiguen los investigadores– se contradice con la de otros testigos que han asegurado que era imposible ver el que pasaba dentro de la sala y que no sintieron nada fuera del normal".

Así las cosas, los funcionarios que conforman la comisión investigadora van echando por tierra todos los hechos denunciados por otros funcionarios, entre ellos el presunto trato de favor a una serie de trabajadores, o la injerencia de unos en las tareas de otros, como con el supuesto trato de favor con el expediente del agroturismo ilegal de la familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, Sa Talaia Blanca. A la vez cuestionan que "se ponen de manifiesto hechos de manera genérica e inconcreta que imposibilita su comprobación".

Sobre la denuncia de parálisis en el servicio de Ordenación, la comisión del Consell dice que no hay indicios de infracción y tampoco que se altere de forma generalizada el orden de tramitación de expedientes para facilitar la concesión de ruedas de prensa por parte de Marcial Rodríguez. Tampoco se considera que haya infracción administrativa en relación con la supuesta injerencia de un trabajador con el acta de inspección hecha en el agroturismo de Monjo.

En definitiva, se archiva la denuncia porque no hay constancia de que haya infracción penal o administrativa grave o muy grave. La comisión investigadora tenía tres meses para dilucidar sobre este caso, ampliables a seis meses, sin embargo, se ha resuelto de forma acelerada para cerrar la crisis con el conseller del PP como protagonista, tal y como se había reclamado desde el seno del Govern.

Cese de Rodríguez

Hay que recordar que este asunto ha creado un gran revuelo en el departamento de Turismo, creándose un ambiente enrarecido de trabajo, según los propios trabajadores. También la oposición, con el PSOE y Més, reclamaban el cese del conseller, señalando al presidente del Consell, Llorénç Galmés, como responsable y pedían la intervención de la Fiscalía.

En el marco de la investigación compareció el pasado 30 de enero Rodríguez acompañado por un abogado y negó todos los hechos, igual que había hecho antes en un pleno en el Consell convocado por este asunto. Unos días antes fue la supuesta víctima, el jefe de Inspección Turística el que ratificó que fue objeto de un intento de agresión por parte del conseller. También se hizo acompañar por un abogado y admitió los hechos que se exponían en la denuncia anónima presentada por funcionarios de la institución.

Esta denuncia se ha llevado a cabo en aplicación de la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En aplicación de esta norma se hizo de forma anónima para proteger a los denunciantes.

La comisión investigadora tenía tres meses para dilucidar sobre este caso, ampliables a seis meses, sin embargo, se ha resuelto de forma acelerada para cerrar la crisis con el conseller del PP como protagonista, tal y como se había reclamado desde el seno del Govern.