La inspección turística se divide en dos equipos para empujar la lucha contra la oferta ilegal
Con el refuerzo del servicio con fondos de la ecotasa el Consell de Mallorca, ha creado dos grupos, uno se centrará en la reglada y el otro en la irregular
Hay malestar entre los funcionarios, a los que tampoco convence trabajar con la plataforma que criba los anuncios sospechosos del alquiler turístico
Residentes en una protesta en Palma contra los pisos turísticos. | G. BOSCH
El servicio de Inspección turística del Consell de Mallorca se ha reorganizado con el objetivo de afianzar la persecución del alquiler turístico ilegal. El departamento de Turismo que dirige el conseller Marcial Rodríguez ha optado por dividir en dos al equipo de inspectores: un grupo se centrará en velar porque la oferta reglada siga las normativas vigentes y el otro por atacar a la oferta que incumple la ley.
Hay que recordar que el cuerpo de inspectores ha crecido por los fondos de la ecotasa que ha derivado el Govern al Consell. El personal ha pasado de 20 inspectores a 30. También se han previsto otras 12 incorporaciones en el área de sanciones y otras 5 en la de ordenación para mejorar la tramitación de expedientes. En total, son 27 las nuevas incorporaciones al departamento para contribuir a atajar la oferta turística ilegal en Mallorca.
Este incremento de plantilla ha sido posible por los fondos de la ecotasa que ha recibido Turismo, son más de 15,4 millones: 11,2 millones para campañas de concienciación de turismo sostenible y 4,2 millones para reforzar la lucha contra la oferta turística ilegal.
Entre el cuerpo de inspectores no ha caído bien la disgregación del personal, una medida que se encaja en medio de un ambiente enrarecido por el caso de la denuncia de funcionarios de Turismo contra el conseller Marcial Rodríguez y la directora de Ordenación Turística, Clara del Moral.
Tampoco convence a los inspectores turísticos la utilización de la plataforma Talk & Code, empresa catalana que desde junio del año pasado está contratada por el Consell de Mallorca por 65.500 euros con un contrato de un año. Se trata de una herramienta que utilizan otras administraciones como la Generalitat de Cataluña para monitorizar mensualmente todos los anuncios que aparecen en plataformas como Airbnb o Booking respecto a alojamientos en Mallorca. Turismo considera que será muy útil. De hecho, en su presentación en Palma, el pasado octubre, se brindaron datos como que de 43.000 anuncios, la mitad de las ofertas publicadas eran ilegales o sospechosas de serlo. Airbnb acumulaba casi el 40 por ciento del total de los anuncios y Booking casi un 30 por ciento.
Con el uso de Talk & Code, que tiene una desenfadada forma de publicitarse, ahora entre los inspectores se reparten anuncios de alquiler vacacional para que hagan las verificaciones pertinentes. Lo que más chirría entre los funcionarios es que han de introducir la información que manejan en esa plataforma privada.
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