Le Senne custodiará los expedientes archivados de la Oficina Anticorrupción

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, asume una nueva función: custodiar los expedientes ya finalizados de la extinta Oficina Anticorrupción que el Govern envía a la Cámara balear. Según establece la ley aprobada por PP y Vox, el dirigente de Vox será el encargado de guardar los documentos mientras no se ponga en funcionamiento el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears. Le Senne también será el único que tendrá acceso a las declaraciones de los diputados y políticos, que pasarán a estar bajo llave en el Parlament al tener "carácter reservado".

La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, compareció ayer en el Parlament para explicar la clausura de la Oficina Anticorrupción y reconoció que el Registro de Transparencia y Control se encuentra en "un impasse" porque aún no se ha creado a pesar de que la ley se aprobó en abril de 2024. "Es verdad que en estos momentos no se pueden ver las declaraciones de los políticos, pero se verán", declara. El Govern está incumpliendo así su propia ley, ya que la normativa establece que el Registro deberá ponerse en funcionamiento "en el improrrogable plazo de tres meses" a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Rectificación

Estarellas aseguró ayer durante su intervención que el Govern ha archivado un total de 526 expedientes pendientes de la Oficina Anticorrupción después de la supresión por ley del organismo, si bien desde la conselleria explicaron que, en realidad, Inspección General aún tiene 228 expedientes de la Oficina Anticorrupción pendientes de tramitación. En un primer momento la consellera había afirmado que, al haber pasado más de seis meses desde el cierre del organismo, se había tenido que proceder a su archivo definitivo, ya que así lo establece la ley aprobada por PP y Vox.

La norma establece la caducidad de los casos que lleven más de nueve meses abiertos para que fueran posteriormente archivados, sin necesidad de revisión. Además, detalla que "se declara la caducidad de los procedimientos de investigación en curso que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, superen el plazo de seis meses de duración o de un máximo de nueve meses para aquellos procedimientos prorrogados, a contar desde el acuerdo de iniciación de las actuaciones, procediéndose al archivo de estos expedientes". Desde la conselleria de Presidencia aclara ahora que estos casi 300 expedientes aún no han sido iniciados y, por tanto, será Inspección General quien decida qué hacer con los documentos.

Comparecencia

Estarellas ha defendido que el PP ya había defendido la supresión de la Oficina al entender que "no aporta ningún beneficio extra a los ciudadanos" a pesar de que esta decisión no estaba incluida en su programa electoral. Además, considera que "duplicaba" trabajos de otros organismos como el Poder Judicial o el Ministerio Fiscal: "No era eficaz ni eficiente, hacemos un bien para la ciudadanía".

Asimismo, Estarellas ha reivindicado que la liquidación de la Oficina se hizo "de la forma más transparente posible" porque las tareas "ahora se hacen de otra manera" e insiste en que desde el primer momento dejó claro que "no entraría" en el tema de los expedientes: "He tenido que pedir un informe a Inspección General para saber cómo estaba el trámite de los expedientes porque desde el primer momento dije que el Govern no intervendría en este proceso, más que tramitar lo que hicimos fue ordenar una serie de expedientes".

Sobre la decisión de situar al frente de la jefatura de la Inspección de Servicios el Govern a Catalina Ferrer, ex ‘número dos’ de la conselleria de Vivienda y ex secretaria general de la conselleria de Presidència con José Ramón Bauzá, remarca que "no es la función" de la inspectora general "ordenar o impulsar" estos expedientes: "Solo que tenía que haber una figura que lo hiciera y se consideró que fuera la Inspección quien lo hiciera".

Por último, acusa a la Oficina de haber "arrastrado" el nombre de Sebastià Sureda Mas, ex director general de Emergencias del actual Govern, acusándolo de "intereses" en Campos. La consellera de Presidencia se ha referido así a la acusación de la Oficina a Sureda por supuestamente encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015, como concejal responsable de esta área.

Estarellas, sin embargo, ha reconocido que el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears está en "un impasse" porque aún no se ha creado. "Es verdad que en estos momentos no se pueden ver las declaraciones de los políticos, pero se verán", ha asegurado la consellera.

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