El Gobierno Central avala la amnistía urbanística y el cierre de la Oficina Anticorrupción en Baleares
Madrid respalda ambas medidas impulsadas por el Govern de Prohens aunque reclama que la legalización de viviendas no se amplíe a suelo urbanizable, así como la creación de un canal externo de denuncias
El encuentro entre Pedro Sánchez y Marga Prohens, en imágenes
El Gobierno Central avala la amnistía urbanística y el cierre de la Oficina Anticorrupción que ha llevado a cabo el Govern de Marga Prohens en Baleares. Así queda reflejado en el acuerdo de la comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma publicado en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB). De esta forma, Madrid respalda la constitucionalidad de ambas medidas impulsadas por Prohens aunque también reclama algunas modificaciones al respecto.
En cuanto a la amnistía urbanística, el Gobierno Central acepta que se pueda aplicar en suelo rústico aunque exige que no se amplíe a suelo urbano o urbanizable. Cabe recordar que la normativa del Ejecutivo autonómico permite autorizar de manera extraordinaria aquellas obras ilegales cuyo delito haya prescrito en rústico.
Por lo que respecta a la clausura de la Oficina Anticorrupción, Madrid admite el cierre del organismo pero reclama la creación de un canal externo de denuncias en base a la ley estatal 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. No obstante, desde el Govern aseguran que dicho canal externo a nivel estatal todavía no se ha creado.
Ley de vivienda
En cuanto a la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, el Gobierno de España también avala su constitucionalidad. En un primer informe, el Ministerio de Política Territorial cuestionaba la norma utilizada, una norma con rango de ley, considerando que debería hacerse a través de la aprobación del planeamiento urbanístico municipal de cada ayuntamiento.
No obstante, finalmente el Estado respalda dicha medida en Baleares que incluye la reconversión de locales en viviendas, el incremento de alturas y el cambio de usos de terrenos destinados a equipamientos públicos y privados.
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