El Govern reconoce que ha archivado casi 530 expedientes de la Oficina Anticorrupción

Solo ha tramitado dos documentos mientras que los otros 228 expedientes que estaban pendientes de incoar han caducado al haber superado los seis meses que establece la ley

Estarellas reivindica que la liquidación de la Oficina se hizo "de la forma más transparente posible"

La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas.

La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas. / Parlament

Guillem Porcel

Guillem Porcel

El Govern reconoce que ha archivado un total de 526 expedientes pendientes de la Oficina Anticorrupción después de la supresión por ley del organismo. De estos, solo dos han sido tramitados finalmente, si bien el Ejecutivo no da detalles sobre estos casos. La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, ha comparecido esta mañana en el Parlament para dar cuenta del estado de los documentos y ha reconocido que, además de los 282 expedientes ya finalizados, 228 estaban pendientes de incoación por la Oficina, pero al haber pasado más de seis meses desde el cierre del organismo se ha tenido que proceder a su archivo definitivo, ya que así lo establece la ley aprobada por PP y Vox.

La normativa aprobada ya establecía la caducidad de los casos que lleven más de nueve meses abiertos para que fueran posteriormente archivados, sin necesidad de revisión. Concretamente, la norma detalla que "se declara la caducidad de los procedimientos de investigación en curso que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, superen el plazo de seis meses de duración o de un máximo de nueve meses para aquellos procedimientos prorrogados, a contar desde el acuerdo de iniciación de las actuaciones, procediéndose al archivo de estos expedientes". La norma entró en vigor el 18 de abril de 2024, por lo que todos los expedientes han caducado de forma automática al haber transcurrido más de seis o, en algunos casos concretos, nueve meses.

Estarellas ha defendido que el PP ya había defendido la supresión de la Oficina al entender que "no aporta ningún beneficio extra a los ciudadanos" a pesar de que esta decisión no estaba incluida en su programa electoral. Además, considera que "duplicaba" trabajos de otros organismos como el Poder Judicial o el Ministerio Fiscal: "No era eficaz ni eficiente, hacemos un bien para la ciudadanía".

Asimismo, Estarellas ha reivindicado que la liquidación de la Oficina se hizo "de la forma más transparente posible" porque las tareas "ahora se hacen de otra manera" e insiste en que desde el primer momento dejó claro que "no entraría" en el tema de los expedientes: "He tenido que pedir un informe a Inspección General para saber cómo estaba el trámite de los expedientes porque desde el primer momento dije que el Govern no intervendría en este proceso, más que tramitar lo que hicimos fue ordenar una serie de expedientes".

Sobre la decisión de situar al frente de la jefatura de la Inspección de Servicios el Govern a Catalina Ferrer, ex ‘número dos’ de la conselleria de Vivienda y ex secretaria general de la conselleria de Presidència con José Ramón Bauzá, remarca que "no es la función" de la inspectora general "ordenar o impulsar" estos expedientes: "Solo que tenía que haber una figura que lo hiciera y se consideró que fuera la Inspección quien lo hiciera".

Por último, acusa a la Oficina de haber "arrastrado" el nombre de Sebastià Sureda Mas, ex director general de Emergencias del actual Govern, acusándolo de "intereses" en Campos. La consellera de Presidencia se ha referido así a la acusación de la Oficina a Sureda por supuestamente encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015, como concejal responsable de esta área.

Estarellas, sin embargo, ha reconocido que el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears está en "un impasse" porque aún no se ha creado. "Es verdad que en estos momentos no se pueden ver las declaraciones de los políticos, pero se verán", ha asegurado la consellera.

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