El Govern afirma ahora que tiene 228 expedientes de la Oficina Anticorrupción aún pendientes de tramitar

La consellera de Presidencia ha asegurado en el Parlament que habían caducado todos los casos, si bien desde Inspección General explican que aún se tienen que revisar

La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas.

La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas. / Parlament

Guillem Porcel

Guillem Porcel

El Govern afirma ahora, después de la comparecencia de la consellera de Presidencia, que aún tiene 228 expedientes de la Oficina Anticorrupción pendientes de tramitación, si bien Antònia Maria Estarellas ha asegurado en el Parlament que al haber pasado más de seis meses desde el cierre del organismo se había tenido que proceder al archivo definitivo de estos casos, ya que así lo establece la ley aprobada por PP y Vox, por la caducidad de los expedientes.

La normativa establece la caducidad de los casos que lleven más de nueve meses abiertos para que fueran posteriormente archivados, sin necesidad de revisión. Además, detalla que "se declara la caducidad de los procedimientos de investigación en curso que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, superen el plazo de seis meses de duración o de un máximo de nueve meses para aquellos procedimientos prorrogados, a contar desde el acuerdo de iniciación de las actuaciones, procediéndose al archivo de estos expedientes". Desde la conselleria de Presidencia aclara ahora que estos casi 300 expedientes aún no han sido iniciados y, por tanto, será Inspección General quien decida qué hacer con los documentos.

Comparecencia

Estarellas ha defendido esta mañana en el Parlament que el PP ya había defendido la supresión de la Oficina al entender que "no aporta ningún beneficio extra a los ciudadanos" a pesar de que esta decisión no estaba incluida en su programa electoral. Además, considera que "duplicaba" trabajos de otros organismos como el Poder Judicial o el Ministerio Fiscal: "No era eficaz ni eficiente, hacemos un bien para la ciudadanía".

Asimismo, Estarellas también reivindica que la liquidación de la Oficina se hizo "de la forma más transparente posible" porque las tareas "ahora se hacen de otra manera" e insiste en que desde el primer momento dejó claro que "no entraría" en el tema de los expedientes: "He tenido que pedir un informe a Inspección General para saber cómo estaba el trámite de los expedientes porque desde el primer momento dije que el Govern no intervendría en este proceso, más que tramitar lo que hicimos fue ordenar una serie de expedientes".

Sobre la decisión de situar al frente de la jefatura de la Inspección de Servicios el Govern a Catalina Ferrer, ex ‘número dos’ de la conselleria de Vivienda y ex secretaria general de la conselleria de Presidència con José Ramón Bauzá, remarca que "no es la función" de la inspectora general "ordenar o impulsar" estos expedientes: "Solo que tenía que haber una figura que lo hiciera y se consideró que fuera la Inspección quien lo hiciera".

En su declaración, Estarellas ha reconocido que el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears está en "un impasse" porque aún no se ha creado. "Es verdad que en estos momentos no se pueden ver las declaraciones de los políticos, pero se verán", ha asegurado la consellera.

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