El Consell ordenó 68 demoliciones de obras ilegales en suelo rústico de Mallorca en 2024

Entre las obras paralizadas está la construcción de una plaza de toros en una finca rústica de Esporles

La plaza de toros ilegal de Esporles, cuyas obras fueron paralizadas por el Consell a finales de noviembre.

La plaza de toros ilegal de Esporles, cuyas obras fueron paralizadas por el Consell a finales de noviembre. / D. M.

La actividad de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) de Mallorca ha provocado 68 demoliciones o restablecimientos de obras ilegales construidas en suelo rústico de la isla en 2024, según los datos disponibles hasta noviembre..

Si bien la cifra es inferior a los 95 derribos del año completo anterior, en 2024 ha habido varias "demoliciones y restablecimientos importantes que se han hecho en rústico protegido y en la Serra de Tramuntana", ha explicado a una entrevista a Efe la directora insular de Urbanismo, María José Frau, que recalca que la sanción que se impone "va en función de lo que se haya construido y hay chalets impresionantes".

En noviembre se paralizó la construcción de una plaza de toros en una finca rústica en Esporles y hace pocas semanas la ADT inició expediente de infracción urbanística y ha propuesto una multa de 553.000 euros por un chalet con piscina de 100 m² construidos sin licencia en suelo rústico protegido como Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) en la Tramuntana, en una finca de unos 8.600 m² cuando el terreno mínimo para construir en ARIP son 50.000 m².

Con los derribos hasta noviembre de 2024, las demoliciones o restablecimientos ejecutados por orden de la ADT ascienden a 861 desde 2011.

A lo largo de su trayectoria, que comenzó en 2009, la ADT ha demolido excesos como un helipuerto y un taller de camiones, ambos ilegales en rústico o dos viviendas construidas en una finca del Parc Natural de Mondragó de máxima protección AENI, LIC y ZEPA en 2022.

Frau destaca que en 2024 ha aumentado el número de multas coercitivas, que se imponen cuando los responsables no ejecutan la orden de demolición y restablecimento de la ADT y hasta que cumplen la resolución, que han pasado de 47 a 65. Supone un aumento del 38,3 %.

La directora de Urbanismo explica que, además de que el proceso de estabilización de interinos "ha trastocado" temporalmente la plantilla de la ADT, el descenso de las órdenes de demolición y en las demoliciones ejecutadas se puede deber a que antes de ordenar la demolición, el propietario procede a ejecutala, algo que "implica un beneficio en la sanción, razón por la que muchos no llegan a la resolución de demolición".

"Otra opción es que hayan podido legalizar, porque cuando se instruyen expedientes por construir sin licencia, pueden ser ilegalizables y por tanto demoler y restablecer el estado anterior, o bien legalizar aunque lo hayan ejecutado sin título habilitante", añade Frau.

La ADT cuenta en la actualidad con 42 trabajadores, pero la responsable insular de Urbanismo explica que la cifra aumentará este año porque pasará de 5 a 13 inspectores, y de 7 a 17 instructores, así como de 3 aparejadores a 8, que se sumarán a los 2 arquitectos que trabajan para la agencia.

El incremento de plantilla aumentará la efectividad de la ADT, asegura Frau, porque "ahora mismo hay un orden de prioridad y los que antes prescriben son los expedientes que se priorizan para que no prescriban". "Así habrá más agilidad, será más eficiente y habrá un mejor cumplimiento de los objetivos de la ADT", afirma.

Frau recuerda que el proceso de regularización de construcciones ilegales en rústico abierto por el Govern por medio del decreto de simplificación no guarda relación con el trabajo que desempeña la agencia mallorquina: "Las edificaciones que puedan legalizarse por la ley de simplificación no afectan en nada porque la ADT ya no podía actuar en esas edificaciones porque estaba prescrito".

La responsable insular defiende que "las cosas se deben hacer como corresponde, con licencia y cumpliendo los parámetros de parcela mínima establecidos; y si no se hace, hay que actuar porque además las irregularidades suponen un agravio para quienes cumplen con la normativa".

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