El punto más conflictivo. Plus de insularidad
La equiparación de la insularidad con Canarias de los funcionarios baleares puede llevarse a 2028
El Govern se reúne el jueves con los sindicatos para abordar el pago de la deuda a los empleados públicos
El Govern ha asumido la deuda con sus empleados públicos / B. Ramon
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Los sindicatos han solicitado al Govern que a cambio de fijar plazos en el pago de la deuda con los empleados públicos acepte equiparar el plus de insularidad balear con el que se perciben en Canarias, notablemente más elevado. La reivindicación de los representantes de los trabajadores busca que esa equiparación quede completada en 2027, antes de que concluya la presente legislatura, mientras que el Ejecutivo autonómico defiende que este proceso se inicie a partir de 2028 para concluir en 2030.
Este es el punto en el que en estos momentos aparecen las mayores diferencias entre ambas partes, pero en este aspecto también existen propuestas que pueden facilitar que el próximo jueves se deje la cuestión de esta deuda prácticamente cerrada, aunque sea sin el respaldo de todas las organizaciones sindicales.
La posibilidad que se apunta es que en lugar de proceder a hacer efectiva esa equiparación en 2027, lo que dejaría toda la responsabilidad al actual Ejecutivo del PP durante la presente legislatura, ésta se realice en 2028.
Miguel Angel Romero, secretario general de UGT-Función Pública / Mar Sierra
Diferencia mínima
Eso supone una diferencia mínima para los empleados públicos, que verían demorado el cobro de una compensación hasta niveles similares a la canaria solo unos pocos meses, y además facilitaría que la conclusión de este proceso se produzca durante la próxima legislatura.
Fuentes consultadas admiten que esta fórmula podría ser rechazada por el STEI, que defiende radicalmente que la equiparación se complete durante el actual mandato de Marga Prohens, pero se da como seguro que será respaldada por UGT, y que podría ser apoyada por CCOO y el CSIF, lo que otorgaría la mayoría necesaria para poder ser acordada porque «es un buen acuerdo para todos, pero muy especialmente para el personal público», según se afirma.
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