Función Pública

El pacto para que el Govern pague la deuda a los funcionarios de Baleares se fijará el jueves

Se espera que el pago de unos 75 millones se produzca en verano y otros 100 millones en enero de 2026

El Govern ya ha asumido la deuda con sus empleados públicos y ahora negocia los plazos para saldarla.

El Govern ya ha asumido la deuda con sus empleados públicos y ahora negocia los plazos para saldarla. / B. Ramon

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Este próximo jueves puede quedar marcado con un principio de acuerdo entre Govern y sindicatos para abonar a cerca de 50.000 empleados públicos alrededor de 175 millones de euros que el primero adeuda debido a que el anterior Ejecutivo de Francina Armengol se negó a aplicar la subida salarial fijada para 2020 y 2021. Los contactos que se han ido manteniendo dejan como puntos pendientes los plazos para abonar esa cantidad, y todo apunta a que podrían conseguirse esta misma semana un principio de acuerdo para desembolsar unos 75 millones de euros antes del verano, y los 100 millones restantes en enero de 2026, de forma que esta segunda partida no constará como desembolso de este año ayudando así a un Ejecutivo que se ha visto obligado a prorrogar los presupuestos de 2024 tras perder el apoyo de Vox.

El director general de Función Pública, Antoni Mesquida, convocó ayer la Mesa General de los Empleados Públicos para celebrar una reunión durante la mañana del próximo jueves. Según el secretario general de UGT-Función Pública, Miguel Angel Romero, las posibilidades de que durante ese encuentro se pueda cerrar un principio de acuerdo son muy elevadas, una vez se han ido eliminando obstáculos, como es que la mejora del plus de residencia no pueda absorber el que se cobra en los puestos de difícil cobertura.

Miguel Angel Romero, secretario general de UGT-Función Pública

Miguel Angel Romero, secretario general de UGT-Función Pública / M. Sierra

Además, el Ejecutivo balear ha asumido también que el incremento del 2,9% que tenía que haberse aplicado en 2020y 2021 aparezca ya en las nóminas de este año, lo que al sumarse al 2,5% pactado para 2025 supondría aun alza superior al 5% en las retribuciones del personal público.

Ahora los puntos que quedan por cerrar son los plazos para abonar los aproximadamente 175 millones de euros que se adeudan a los empleados públicos (en ese grupo se ha aceptado incorporar finalmente a los trabajadores de la escuela concertada), y los de la equiparación del plus de insularidad balear con el de Canarias, siendo esta última una reivindicación sindical. Según Romero, para afrontar ambos temas existen propuestas sobre la mesa que hacen muy probable que se pueda alcanzar este jueves al menos un principio de acuerdo.

Fases de los pagos

Según fuentes consultadas, la propuesta con más visos de prosperar contempla que una primera parte de esos 175 millones de abonen antes del verano. En concreto, se apunta un desembolso de unos 75 millones de euros, que serían los vinculados a la sentencia ganada por el STEI en torno a este tema, y que hace referencia a las cantidades de 2021 y 2022, pero no incluye las de 2020.

Dirigentes del STEI

Dirigentes del STEI / STEI

De este modo, el Govern abonaría la parte correspondiente a la deuda vinculada a esa decisión judicial más los correspondientes intereses, dejando zanjado este punto. Hay que recordar que el STEI decidió la semana pasada reclamar la ejecución forzosa de esa sentencia.

Los 100 millones restantes, relacionados con otra demanda presentada por UGT, que sigue pendiente de decisión judicial y que sí afectaría a 2020 y a colectivos como los citados docentes de la concertada, se aplazarían a enero de 2026.

Presupuestos prorrogados

La importancia de esta última fecha se explica porque el Govern tiene prorrogados los presupuestos autonómicos de 2024 para el presente ejercicio al no contar con apoyos suficientes en el Parlament para aprobar unas nuevas cuentas públicas, lo que le encorseta a la hora de asumir nuevos desembolsos.

Si se liquida esa parte de la deuda en enero del próximo año, esa partida podría incluirse en los presupuestos de 2026, dejando al Ejecutivo balear más margen para buscar los respaldos necesarios para su aprobación.

Hay una estimación que sitúa entre los 1.500 y los 2.500 euros la cantidad que la mayoría de empleados públicos va a percibir una vez liquidada la citada deuda. Con esta formula, en el caso de que le correspondan 1.700, con este sistema percibiría 700 durante la primera mitad del presente ejercicio y unos 1.000 con la entrada del próximo año.

Plus de insularidad

Los sindicatos han solicitado al Govern que a cambio de fijar plazos en el pago de la deuda con los empleados públicos acepte equiparar el plus de insularidad balear con el que se perciben en Canarias, notablemente más elevado. La reivindicación de los representantes de los trabajadores busca que esa equiparación quede completada en 2027, antes de que concluya la presente legislatura, mientras que el Ejecutivo autonómico defiende que este proceso se inicie a partir de 2028 para concluir en 2030.

Este es el punto en el que en estos momentos aparecen las mayores diferencias entre ambas partes, pero en este aspecto también existen propuestas que pueden facilitar que el jueves se deje la cuestión de esta deuda prácticamente cerrada, aunque sea sin el respaldo de todas las organizaciones sindicales.

La posibilidad que se apunta es que en lugar de proceder a hacer efectiva esa equiparación en 2027, lo que dejaría toda la responsabilidad al actual Ejecutivo del PP durante la presente legislatura, ésta se realice en 2028.

Diferencia mínima

Eso supone una diferencia mínima para los empleados públicos, que verían demorado el cobro de una compensación hasta niveles similares a la canaria solo unos pocos meses, y además facilitaría que la conclusión de este proceso se produzca durante la próxima legislatura.

Fuentes consultadas admiten que esta fórmula podría ser rechazada por el STEI, que defiende radicalmente que la equiparación se complete durante el actual mandato de Marga Prohens, pero se da como seguro que será respaldada por UGT, y que podría ser apoyada por CCOO y el CSIF, lo que otorgaría la mayoría necesaria para poder ser acordada porque «es un buen acuerdo para todos, pero muy especialmente para el personal público», según se afirma.

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