El PSOE denuncia que la aplicación de la amnistía urbanística del Govern «está en el aire» en Mallorca
Los socialistas señalan que incluso el Consell admitió en un escrito de respuesta a sus medidas cautelares que el acuerdo que ratificó el decreto el pasado 18 de junio «ha perdido vigencia»
El PSOE advierte que se necesita aprobar "como mínimo" uno nuevo para poder desplegar la ley

VIVIENDAS EN LA PART FORANA / Manu Mielniezuk
La amnistía urbanística del Govern está en estos momentos en una suerte de «limbo jurídico» en Mallorca, denuncia el PSOE en el Consell. Esta situación se debe, según explican los socialistas, a que el acuerdo plenario que ratificó el decreto de legalización de edificaciones en suelo rústico en la isla «ha perdido vigencia». Una afirmación que los socialistas atribuyen al propio Consell.
Desde el PSOE explican que esta «no vigencia» del acuerdo plenario del pasado 18 de junio «sale del propio Consell, cuando nos contesta a nuestra petición de medidas cautelares contra el decreto», cuenta el conseller socialista Javier de Juan. En el escrito de respuesta a la medida cautelar pedida por la oposición, la institución señalaba por una parte que el decreto había sido derogado por la ley de diciembre y por extensión también la disposición centrada en la legalización de construcciones en suelo rústico. «En consecuencia, también pierde vigencia el acuerdo del pleno del Consell de día 18 […]. El acuerdo ya no presenta hoy ninguna aplicabilidad por su derogación expresa y, siendo el plazo de resolución de los expedientes de legalización extraordinaria de seis meses, el acuerdo nunca ha tenido la vigencia suficiente para que resulte de aplicación en la práctica de la realidad urbanística de los ayuntamientos», señala el propio escrito del Consell al que ha tenido acceso este diario.

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"Lo mínimo es aprobar otro acuerdo"
«Si el primer acuerdo del 18 de junio no tiene valor según el propio Consell por la argumentación anterior, la ley tampoco se puede desplegar ahora mismo porque tampoco se ha ratificado en un nuevo acuerdo. Entendemos que lo mínimo es llevarla al pleno para aprobar otro acuerdo», explican desde el PSOE ante este embrollo jurídico que «deja en el aire el despliegue de la ley».
«En la propia normativa de diciembre se recoge que esta disposición de la legalización solo despliega efectos una vez que los Consells hayan adoptado el acuerdo plenario por el cual se decida implantarla en el ámbito insular correspondiente», indica De Juan.
El partido en la oposición también se pregunta qué pasará con los expedientes que ya se pusieron en marcha y la inseguridad jurídica que ahora se genera para estos propietarios «cuando el propio Consell señala que el acuerdo del 18 de junio nunca ha tenido vigencia suficiente para que resulte de aplicación en la práctica».
«Nosotros entendemos que, como no hay un acuerdo plenario vigente, la ley no se puede aplicar», concluye el PSOE.
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