Medida inédita en la educación en Baleares: Una mesa paritaria decidirá si obliga al profesor condenado por acoso a pasar una evaluación psiquiátrica

Siete miembros de la Administración y siete representantes de los sindicatos votarán si Miquel Roldán ha de pasar por el servicio de prevención para evaluar si puede suponer un riesgo para él mismo, compañeros, familias o alumnos

El docente Miguel Roldán

El docente Miguel Roldán / YOUTUBE

Mar Ferragut Rámiz

Mar Ferragut Rámiz

El caso de Miquel Roldán, el docente condenado por acoso a un exalumno, ha generado una medida inédita en la educación en Baleares: la convocatoria de una mesa paritaria de riesgos laborales de personal docente que decidirá si Roldán debe someterse a una evaluación psiquiátrica. Cabe recordar que Roldán está este curso dando clases en el CEIP Janer Manila y las familias de este centro, preocupadas, llevan meses movilizadas para intentar que no pueda trabajar como docente.

Según fuentes a las que ha tenido acceso este diario, el mecanismo para convocar esta mesa ya se ha puesto en marcha. La Junta de Personal Docente No Universitario de Mallorca (conformada por los sindicatos de la enseñanza pública) ha recibido la información y, según marca el reglamento, la próxima semana deberá hacer llegar a Educación un informe con su postura. Cuando Conselleria tenga este informe (independientemente de lo que diga), ya podrá convocar la mesa paritaria, en la que miembros de la Administración y representantes sindicales debatirán y votarán si se obliga a Roldán a pasar por el servicio de prevención de riesgos laborales y someterse a una evaluación de su estado mental. El resultado de esta revisión podría suponer ser apartado de su puesto de trabajo si se considera que puede suponer un riesgo para él mismo o terceras personas (alumnos, familias, compañeros...).

¿Quién formará parte de esta mesa, quién votará? Estará conformada 14 personas. Por un lado, siete representantes de la Administración (cargos como la directora general de Salud Pública, tres directores generales de Educación o el gerente del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral) y por el otro siete representantes sindicales (de STEI, ANPE, Alternativa, UGT, USO, UOB y SIAU). Por parte del Govern, que es quien ha activado el procedimiento para convocar esta mesa, la postura se prevé unitaria, con lo que la pelota quedará en el tejado de los sindicatos: su postura sobre si este docente condenado por acosar a un exalumno puede suponer un riesgo para otros niños será decisiva para determinar que su estado de salud debe ser evaluado. El reglamento recoge que se ha de decidir por mayoría absoluta. Si hay empate, la revisión no prospera.Si finalmente se decidiera que Roldán debe pasar por el servicio de prevención de riesgos laborales, el resultado de esa evaluación podría suponer apartarlo de su puesto. Si se negara, Inspección podría iniciar un expediente sancionador.

Inspección educativa ha realizado un amplio informe sobre este caso, recopilando todo lo sucedido alrededor de este docente, incluyendo el episodio de acoso a un exalumno por el que fue condenado el pasado noviembre y otros hechos (como su presencia en el IES Son Pacs el curso pasado y sus intentos de contactar con otros antiguos estudiantes o la desaparición voluntaria, con una carta que parecía de suicidio, que protagonizó en la Navidad de 2023).

La postura de Roldán

Roldán por su parte tiene un recurso presentado contra la conselleria de Educación por haberle expulsado de la bolsa de interinos durante ocho meses en 2023 (en aquel momento él presentó un certificado médico para demostrar que no tenía ninguna “limitación psíquica incompatible con las funciones docentes”). Además, ha recurrido la sentencia por la que fue condenado por acoso (condena en la que el juez rechazó incluir la petición de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de inhabilitarlo como docente). El interino (que ahora mismo está de baja) también ha compuesto una canción y ha anunciado la publicación de un libro ('Inocente de mí') para defender su inocencia.

Las familias del CEIP Janer Manila, donde está trabajando desde noviembre, creen que una persona con su historial no debería poder seguir trabajando con menores, mientras que él defiende que lo que hagan los docentes con su vida privada "es su problema".

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