Los médicos de Baleares anuncian movilizaciones en febrero: "Intentaremos que no afecte a los pacientes"

Los días 6 y 13 se concentrarán a las puertas de los centros de salud y hospitales públicos para protestar en contra del estatuto marco que renovará sus condiciones laborales

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Los médicos de los centros de salud y hospitales públicos de Baleares colgarán la bata durante unos minutos los próximos días 6 y 13 de febrero para protestar contra el nuevo borrador del estatuto marco —el documento que regula las condiciones personales del personal sanitario— que ha presentado el Ministerio de Sanidad. Se concentrarán alrededor de las once de la mañana ambos días frente a las puertas de sus centros de trabajo para denunciar el "ninguneo" de su profesión y la "torpeza mayúscula" de las nuevas medidas que pretende introducir la ministra del ramo, Mónica García, en el documento.

Así lo ha explicado el presidente de Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro, dirigente de uno de los primeros sindicatos en España que ha anunciado movilizaciones por un documento que tiene indignados a asociaciones de médicos de todo el país. La intención, ha asegurado Lázaro, es que las concentraciones "perjudiquen lo mínimo posible a los pacientes", aunque para ellos la "sobrecarga laboral" que sufren los facultativos "también es su enemigo", pues "deteriora la calidad de la asistencia sanitaria" en el sistema público. Lázaro comenta que el sindicato hará rondas de asambleas por los hospitales y centros de salud estas semanas para explicar el "atentado y ninguneo" a la profesión por parte de Sanidad.

De este modo, los médicos aseguran que estas serán solo las primeras movilizaciones que se llevarán a cabo en el archipiélago si este documento tan "lesivo, regresivo y perjudicial para el colectivo médico", ahora en proceso de negociaciones, sigue adelante. Además, todos los sindicatos médicos del país en contra del estatuto pactarán una fecha una concentración a nivel nacional.

Lázaro ha lamentado que en el borrador no hay "ni rastro" de iniciativas para "acabar con el exilio de los facultativos y favorecer la operación retorno", teniendo en cuenta que la "falta de médicos es el problema real" de la sanidad pública. Los médicos de Baleares ya dejaron claro su malestar respecto a estas condiciones en una asamblea de Simebal y el Colegio Oficial de Médicos de Baleares (COMIB). Tal y como resume Lázaro, protestaron porque Sanidad no reconoce en este borrador la singularidad de la profesión médica a través de la categoría A1 Plus (que les daría el mismo rango salarial que los jueces) pese a ser "el colectivo de la sanidad que más trabaja con 48 horas semanales". El documento contempla además una reducción de las guardias que, a ojos del presidente de Simebal, es un "timo", pues los médicos deberán las horas que no realicen: "El único servicio que puede reducir las guardias es el de urgencias, en el resto es imposible teniendo en cuenta el déficit de médicos", apunta Lázaro. Además, las guardias no serán consideradas como horas extra pese a que exceden la jornada ordinaria.

La incompatibilidad de la profesión entre la sanidad pública y privada es "el colmo" para los médicos. Como se recordará, la intención es exigir a los médicos que acaban de terminar la especialización (MIR) que trabajen exclusivamente para la sanidad pública durante los cinco años de profesión: "Lo único que van a conseguir es que se vayan a otros sitios donde les traten y cobren mejor", continúa Lázaro. La intención del Ministerio también es prohibir a jefes de servicio y directivos que compatibilicen su trabajo en la pública y la privada.

En caso de que el documento salga adelante, el presidente de Simebal avisa de que plantearán una huelga y confía en que el Govern y la consellera de Salud, Manuela García, y el Govern, "presionen" al Ministerio para encauzar las negociaciones y que los ciudadanos "no tengan que pagar la falta de voluntad política por mejorar los derechos de los médicos". Simebal tiene 2.150 médicos afiliados, más del 50% de los facultativos que trabajan en la sanidad pública del archipiélago.

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