Los empresarios acusan al Consell de Mallorca de frenar los proyectos de nuevas viviendas

Las patronales de constructores y promotores critican a la institución insular por bloquear la puesta en marcha de las entidades de colaboración urbanística para agilizar las licencias y ésta le pasa la pelota a los ayuntamientos

Las patronales reclaman que se apliquen las medidas para impulsar la creación de vivienda

Las patronales reclaman que se apliquen las medidas para impulsar la creación de vivienda / B. Ramon

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

El sector empresarial está siendo unánime a la hora de acusar al Consell Insular de Mallorca (junto a los de las restantes islas) y a muchos ayuntamientos de estar poniendo palos en las ruedas de las medidas acordadas con el Govern balear y que éste ha venido aprobando durante los últimos meses. El último motivo de tensión entre ambas partes está vinculado con las iniciativas encaminadas a agilizar la tramitación de los proyectos de viviendas y poner fin a las esperas que en algunos municipios llegan al año y medio e incluso a los dos años, con las que se busca paliar en parte las dificultades que los residentes en el archipiélago tienen a la hora de acceder a una primera residencia.

La voz de alarma la han dado endesde las patronales de constructores y de promotores inmobiliarios, y en este caso la crítica principal va dirigida a los Consells Insulars, a los que se acusa de bloquear por su pasividad la creación de las entidades de colaboración urbanística (ECU), una de las piezas clave a la hora de impulsar la salida en el mercado de nuevas viviendas.

El presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de las islas, Luis Martín, ha mantenido durante años que es necesario abordar dos cuestiones fundamentales a la hora de afrontar el problema residencial de Balears. Uno es impulsar el desarrollo de los suelos urbanizables pendientes, muchos de ellos en los alrededores de Palma. El segundo es que la tramitación de las licencias de cualquier nuevo proyecto se agilice, dado que es difícil hacer una inversión si los permisos necesarios se demoran más de un año, como sucede en muchas ocasiones.

Para hacer frente a este último problema el sector pactó con el Govern la creación de los citados ECU, que ya funcionan en Madrid o Valencia con buenos resultados, y que consiste en autorizar que organismos privados y colegios profesionales se encarguen de comprobar que los proyectos presentados son correctos y que cuentan con la documentación necesaria, entre otros aspectos. De esta forma, se quiere poner fin al atasco de expedientes que se está dando en muchos municipios (se señala el caso de Llucmajor como uno de los más caóticos) y hacer que el plazo de espera no supere los tres meses, en lugar de los 18 o 24 se que se llegan a dar.

Tarea de los Consells

Para ello, se deja en manos de los Consells Insulars la creación de un registro de estas entidades de colaboración y de las tarifas mínimas y máximas que pueden cobrar por su trabajo. En el decreto ley aprobado en mayo del año pasado se daba a estas administraciones un plazo de cuatro meses para desarrollar esas labores, sin que se hiciera nada en ese tiempo, y una vez aprobada la medida en el Parlament dentro de la ley de simplificación administrativa el pasado mes de diciembre, se ha vuelto a dar un nuevo plazo de otros cuatro meses.

Pero según la directora general de la patronales de constructores, Sandra Verger, y el vicepresidente de la de promotores, Oscar Carreras, los avances son nulos. No se hizo el trabajo encomendado con el primer decreto, ni se ve intención de hacerlo una vez aprobada la ley.

Sandra Verger, directora general de la asociación de constructores

Sandra Verger, directora general de la asociación de constructores / Constructores

El motivo es simple: fuentes del Consell aseguran que se está trabajando en este tema, pero se alega que la responsabilidad de desarrollar el registro y fijar las tarifas es de cada ayuntamiento, y que ellos solo tienen que intervenir de forma subsidiaria en el caso de que los consistorios no hagan ese trabajo. Es decir, se traslada la responsabilidad a los municipios.

Ese argumento es rechazado de forma tajante por las citadas organizaciones empresariales. Sandra Verger es firme en este punto y recuerda que la disposición adicional quinta de la citada normativa señala que «en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta ley, los Consells Insulars tendrán en funcionamiento el registro de entidades privadas de certificación urbanística», apuntando también esa labor a la hora de fijar las tarifas (artículo 158), con la única excepción de Palma, ya que se deja que el Consell delegue en este ayuntamiento en el marco de su capitalidad.

Plazo no respetado

Ese plazo de cuatro meses, que en el decreto concluía el pasado mes de octubre, no se respeto, y el que se ha dado ahora en la ley, que llega hasta finales de abril, tiene visos de seguir el mismo camino.

Ello se debe a que la institución insular mallorquina considera que no es ella la que tiene que hacer este trabajo, sino los propios Consistorios, y que solo tiene que intervenir de forma subsidiaria en aquellos municipios donde no se haga, según se señala desde este organismo.

Para ello, se agarra a un artículo de la ley en la que se contempla que los Ayuntamientos puedan regular, mediante una ordenanza, el régimen jurídico y el funcionamiento de las citadas entidades de colaboración, pero los empresarios subrayan que eso no exime al Consell de elaborar el registro y fijar las citadas tarifas.

Según estas organizaciones empresariales, el resultado final es, en cualquier caso, que una medida que se califica de fundamental para sacar más vivienda al mercado se mantiene bloqueada porque las Administraciones no se ponen de acuerdo sobre sus responsabilidades

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