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Vivienda

La limitación en la venta a extranjeros de Sánchez tendrá un efecto mínimo en Baleares

El noventa por ciento de las seis mil compras anuales de casas en Baleares corresponden a ciudadanos de la Unión Europea o a residentes en la comunidad

Los ingleses no residentes serán los grandes afectados por una hipotética restricción de ventas a extracomunitarios.

Los ingleses no residentes serán los grandes afectados por una hipotética restricción de ventas a extracomunitarios. / Pere Joan Oliver

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Matías Vallés

Matías Vallés

Palma

Los ciudadanos extranjeros compraron en Baleares 6.043 casas, durante el año transcurrido entre julio de 2022 y junio de 2023. Si esta cifra se condensa a escala local por encima de una de cada tres compraventas totales, también supone un 13 por ciento de las 69.412 registradas en el conjunto del Estado, cuando el archipiélago solo ocupa un uno por ciento de la superficie española. Esta presión inmobiliaria, tomada de las estadísticas periódicas del Consejo General del Notariado, otorga relevancia al anuncio efectuado ayer por Pedro Sánchez de limitar las ventas a «no residentes de la Unión Europea». Sin embargo, la cautela de la no pertenencia a la UE anula el efecto restrictivo deseado, puesto que únicamente impactará sobre un diez por ciento de los inmuebles que cambien de manos.

En concreto, los gravámenes esbozados por Sánchez solo afectarían significativamente en Baleares a las compras por parte de ciudadanos del Reino Unido. Tradicionalmente encarnan la segunda nacionalidad más inclinada hacia el archipiélago. Sin embargo, más de la mitad de las comprar corresponden a ingleses que ya han fijado su residencia en Baleares, con lo cual quedarían exentos en principio de las medidas disuasorias.

Al margen de los británicos, la inmensa mayoría de las transacciones internacionales en suelo balear corresponden a países de la UE. Sánchez destacó un genérico «los no residentes en la UE compraron en España 27.000 pisos», sin especificar. Un endurecimiento no aclarado de las exigencias afecta directamente a Baleares, donde se dobla con holgura la media nacional de operaciones inmobiliarias con extranjeros, fijada en un 15 por ciento según la estadística de los Registradores de España.

Alemania sigue siendo la gran compradora de casas en Baleares, con voluntad hegemónica. Las adquisiciones llevadas a cabo durante la última década en la comunidad con capital germano se miden en decenas de miles de inmuebles. Berlín puede hablar en propiedad de «unsere Insel» o «nuestra isla», una vez que la mitad de las operaciones tienen esta nacionalidad.

Los compradores mayoritarios alemanes se verían exentos de las restricciones que hoy predica Sánchez. En el análisis del presidente del Gobierno, los inversores «lo hicieron no para vivir, sino para especular, para ganar dinero con ellas, algo que en el contexto de escasez no podemos permitirnos». Esta acusación no exime a los alemanes. De hecho, y una vez que los precios mallorquines están igualando a los del país centroeuropeo, buena parte de las operaciones poseen un enfoque exclusivamente mercantilista.

La preponderancia alemana es una particularidad balear, porque en el resto de España se imponen porcentualmente los británicos, siempre con la particularidad de que dos de cada tres de ellos ya poseen la residencia según los datos acopiados por los notarios. Es innecesario recurrir a las estadísticas para determinar que la nacionalidad más pujante entre los grandes compradores extranjeros corresponde a Suecia. De nuevo, la UE se interpone aquí en la voluntad depuradora de Sánchez. Países como Dinamarca impusieron condiciones previas a su ingreso en la Unión, precisamente por el pánico a la compra masiva de su suelo por parte de los alemanes.

La adquisición de casas en Baleares a cargo de marroquíes puede parecer significativa por encima del medio centenar anual, hasta que se advierte que se hallan en el rango de Bélgica o Dinamarca, también exentos. Italia ha ocupado con frecuencia el tercer puesto del escalafón comprador, con un auge importante de franceses que huyen de la Costa Azul a Menorca. El flujo holandés suele pasar desapercibido, pero también se cifra en un centenar de compras anuales.

La inmensa mayoría de las transacciones detalladas quedan fuera de las pretensiones saneadoras de Sánchez, aunque confirman la ubicación de Baleares como el auténtico crisol de Europa. De adoptarse medidas realmente coactivas, la supresión de operaciones en curso se mediría en unos pocos puntos porcentuales. El castigo no eliminaría por completo la tentación, medidas semejantes adoptadas en Londres han servido únicamente para enfriar el mercado de las grandes mansiones.

Aunque se retiraran los compradores británicos o los estadounidenses, que también afloran desde posiciones modestas en Baleares, la lista de espera y la cantera inagotable de pretendientes mantendría la concentración de ventas a extranjeros en márgenes por encima del treinta por ciento. Se podría intensificar el efecto recaudatorio sin sacar de la impotencia competitiva a los mallorquines.

En su planteamiento actual, la declaración de Sánchez en el foro sobre ‘Vivienda, quinto pilar del Estado de bienestar’ sirve al menos para reconocer la voluntad especulativa de la inversión inmobiliaria extranjera que define a Baleares, y que el presidente no quiere que sirva «como si fuese un activo financiero o depósito bancario». Para solucionar este dilema contemporánea, le basta acudir al artículo 47 de la Constitución, donde se advierte que «los poderes públicos establecerán las normas pertinentes para impedir la especulación».

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