El Govern busca fórmulas para reforzar la normativa del alquiler de embarcaciones recreativas

Redefinir el concepto de esta actividad, digitalizar los trámites o promover las buenas prácticas son algunas de las propuestas lanzadas desde la conselleria del Mar, quienes animan a los ciudadanos a participar en la fase de exposición pública para aportar sugerencias y opiniones

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, junto al conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente.

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, junto al conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente. / CAIB

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

El Govern ha iniciado los trámites para mejorar y redefinir la normativa del alquiler de embarcaciones recreativas en Baleares. Esta semana se publicará en la web de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo el apartado de consulta pública previa para la modificación del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, que regula este tipo de actividades. La consulta estará abierta durante un período de 10 días, con el objetivo de que la ciudadanía, las organizaciones y las entidades del sector puedan expresar su opinión y aportar sugerencias sobre los puntos clave que deben abordarse en esta modificación normativa.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha presentado esta mañana el mencionado trámite participativo. Durante su intervención, Lafuente ha subrayado que esta fase es una "oportunidad" para actualizar la normativa vigente, adaptándola a las nuevas necesidades derivadas del incremento de la actividad náutica en el archipiélago. "El alquiler náutico es una actividad estratégica para nuestra comunidad, tanto por su impacto económico como por la necesidad de garantizar que se lleve a cabo de forma segura, transparente y respetuosa con el medio", ha señalado el conseller.

Además, ha insistido en la importancia de la participación ciudadana durante esta etapa inicial, ya que las aportaciones recibidas serán clave para definir los principales ejes de la futura modificación normativa: "Queremos escuchar a todas las partes implicadas, desde los ciudadanos hasta las empresas, para construir una regulación eficiente, moderna y sostenible, que dé respuesta a los retos actuales del sector", ha añadido.

Lafuente ha explicado que, desde la aprobación del Decreto 21/2017, tanto la normativa estatal como la autonómica han evolucionado, haciendo necesaria una actualización para ajustarse al marco legal actual. Además, el notable crecimiento de la actividad de alquiler náutico en los últimos años ha generado nuevas necesidades que requieren ser reguladas.

Por su parte, el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha destacado los principales objetivos que se plantean en la consulta previa. Entre ellos, ha mencionado la necesidad de reforzar el control del alquiler náutico, combatir el intrusismo profesional y garantizar la sostenibilidad ambiental, así como facilitar el cumplimiento normativo mediante herramientas digitales más accesibles.

Entre las cuestiones planteadas destacan la redefinición del concepto de alquiler náutico, cobre el que se buscará especificar el alcance para combatir el chárter ilegal y garantizar que todos los operadores cumplan con los requisitos legales; la digitalización de los trámites, con tal de implantar un sistema telemático único que facilite la presentación de la declaración responsable y agilice las gestiones administrativas; ajustes en los requisitos y documentación para adaptar las condiciones exigidas a las nuevas realidades del sector; una regulación del registro balear de embarcaciones, que contemplaría la creación y el desarrollo de un registro específico que permita un mayor control de las actividades; y promover prácticas responsables que garanticen la protección del entorno marino y un uso adecuado de los recursos disponibles.

Preguntado por el perfil de quien comete la infracción, Mercant ha detallado que suelen corresponderse con empresas que no tienen en regla las declaraciones responsables de actividad y, por ese motivo, se tratará que estas sean más detalladas para que se especifique algún representante o consignatario de cada embarcación, dado que "a veces cuesta llegar a su gestor"; y se pedirá que se asigne un puerto base para la gestión de residuos que generen los barcos.

Lafuente por su parte ha destacado la lucha contra la oferta ilegal de alquiler de embarcaciones llevada a cabo durante esta legislatura, al pasar de las poco menos de 100 expediente sancionadores en 2023 a alrededor de 150 en el pasado año.

Una vez finalice la consulta pública previa, el Govern analizará todas las aportaciones recibidas y trabajará en la redacción de la modificación del Decreto. Este borrador será sometido a un proceso de exposición pública y se abrirá un plazo para la presentación de alegaciones, asegurando así la participación continua de los interesados antes de la aprobación definitiva.

Tracking Pixel Contents