Los asistentes de los menores tutelados del Consell de Mallorca anuncian movilizaciones

 Los trabajadores que se encargan de la atención de los menores que viven bajo la protección del Consell de Mallorca, entre ellos los migrantes llegados en patera, han anunciado esta mañana que van a iniciar una serie de movilizaciones, en protesta por la falta de cumplimiento de los acuerdos económicos. Los empleados, que trabajan para las diferentes entidades contratadas por el IMAS, denuncian que, ni la administración, ni tampoco sus empresas, están abonando el plus de insularidad, a pesar de que está reconocido en el convenio colectivo autonómico de protección de menores que está vigente desde el año 2022. La excusa de que el Consell no abone este plus, según han señalado esta mañana los representantes de los trabajadores, es que esta partida económica, que supondría alrededor de un millón de euros al año, no está contemplada en el presupuesto de este año de la institución.

Los representantes sindicales de Comisiones Obreras y Stei han explicado esta mañana que este plus de insularidad se sitúa en 91 euros mensuales para cada trabajador. Este suplemento económico, que se viene reclamando desde hace años, beneficiaría a unos 600 trabajadores del sector de atención a los menores.

Eduardo Rodríguez, del sindicato CC OO, explicó que los representantes de los sindicales mantuvieron el año pasado negociaciones, tanto con los empresarios, como con los responsables del IMAS. Esta negociación a tres bandas se debe a que el Consell traslada la función de atención de los menores tutelados a las empresas del sector, a través de convenios. En esta negociación la prioridad, según Rodríguez, es que el Consell, que es el responsable de financiar este servicio social, asumiera el coste de este plus de insularidad, que aparecía en el convenio colectivo y, por tanto, era de obligado cumplimiento. “No se ha cumplido nada de lo que acordamos en las reuniones, donde parecía que el represente del Consell veía lógico que se abonara la cantidad de 91 euros mensuales a cada trabajador por este plus”, señaló el representante sindical.

Su compañero del STEI, Bartomeu Canals señaló que los trabajadores han exigido al Consell que incluya esta partida económica, pero ha sido rechazada, bajo la excusa “de que no se puede aplicar por la falta de negociación".

Los asistentes de estos menores protegidos, cuyo trabajo cubre las 24 horas durante todos los días del año, han decidido salir a la calle para movilizarse ante esta falta de acuerdo. El próximo jueves se realizará una concentración de protesta frente a las puertas del IMAS. Los días 6 y 20 de febrero se repetirá la misma movilización. Los trabajadores se plantean, en el caso de que dicha movilización no tenga efecto, tomar otras medidas, como podrían ser la denuncia judicial por la falta de cumplimiento del convenio colectivo, o incluso la huelga.

Estos trabajadores sostienen que este plus de insularidad, en ningún caso, es un privilegio. Lo consideran una necesidad vital, sobre todo por el alto nivel de vida que existe en Baleares. Consideran que la administración debería hacer un esfuerzo para conseguir la fidelidad de las plantillas de trabajadores dedicados a la atención de estos chicos que viven bajo la tutela del Consell. Los asistentes recordaron que su trabajo es clave para ayudar a estos chicos, que han sufrido diferentes problemas durante su infancia, a encauzar el futuro con la preparación suficiente y que el principal beneficio de ellos es, precisamente, la administración. “Esta situación es intolerable. Mientras los trabajadores se esfuerzan para proteger a los menores más vulnerables de la sociedad, sufren el desprecio de la administración. Este complemento no es opcional, es un derecho reconocido y una obligación por parte del IMAS”, sostienen los trabajadores.

Los representantes sindicales reconocen que el principio de acuerdo que habrían alcanzado en la negociación, sobre la cantidad que debía alcanzar este plus, no quedó plasmado después en un documento escrito. A pesar de ello, insisten en que la administración insular tiene la obligación de cumplir el convenio colectivo, que sí reconocía dicho complemento económico.