¿Qué son las 'golden visa' y cuándo se eliminarán en España?
Este tipo de visados especiales dejarán de concederse en abril

Bernardo Arzayus
En la última década, se han concedido más de mil golden visa en Baleares, según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una cifra que Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (Abini), tilda de "gota en el mar" teniendo en cuenta que en España se han concedido un total de 22.430.
Este tipo de visados especiales fueron aprobados en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y permitían obtener de forma rápida la nacionalidad a los extranjeros que adquirían una vivienda de más de 500.000 euros en España. La medida hacía del mercado español muy atractivo, ya que las viviendas tienen un precio inferior al de otras zonas de Europa. Al tener residencia y la posibilidad de conseguir la nacionalidad española, se facilitaban mucho las gestiones burocráticas, entrar y salir del país sin restricciones, así como viajar por toda Europa.
Las golden visa también se podían conseguir con una inversión de más de dos millones de euros en deuda pública española o de un millón en acciones de empresas españolas o depósitos en bancos nacionales.
¿Por qué se eliminan las golden visa?

Las ‘golden visa’ han tenido un impacto limitado en el sector inmobiliario de las islas. / Guillem Bosch
No obstante, estos visados tienen los días contados en España. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció el pasado año una batería de medidas para tratar de paliar el problema de la vivienda en el país, entre las que se incluía la eliminación de las golden visa a partir del mes de abril, aunque solo para las relacionadas ocn la compra de inmuebles ya que han constatado que "alrededor del 94% de los visados para inversores están vinculadas a invesiones inmobiliarias".
El objetivo del Gobierno es reducir la presión al alza de los precios inmobiliarios, que especialmente en zonas turísticas bloquean el acceso a viviendas a clases medias y bajas. El Gobierno pretende que ningún ciudadano deba destinar más del 30% de sus ingresos para la compra de vivienda.
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