Un peón de la construcción en Mallorca: “A los seis días de sufrir un ictus me despidieron, yo estaba muy mal en el hospital; nadie me llamó”
Hamet, trabajador de la construcción, se enteró en Son Espases de que su empresa le había echado tras sufrir un ictus. El TSJIB declaró nulo su despido. "Me tendrían que pagar 70.000 euros, pero la empresa es insolvente, no he cobrado", asegura. "Lo que más me dolió es que nadie se preocupó, creyeron que estaba muerto", añade. "La Justicia es muy lenta, llega tarde; a otros extranjeros les diría que no se rindan y que denuncien; también tenemos derechos”, concluye
“A los seis días de sufrir un ictus, recibí un mensaje en el teléfono que decía que me habían dado de baja en mi empresa, me despidieron mientras seguía ingresado en el hospital de Son Espases, yo estaba muy mal, no podía ni caminar”. Hamet, peón de la construcción natural de Mali pero que lleva veinte años viviendo en Mallorca, sufrió una grave disección aórtica cuando se hallaba trabajando en Eivissa el 25 de mayo de 2021.
Fue evacuado de urgencia en un avión ambulancia hasta Palma, donde fue intervenido quirúrgicamente dos veces. Mientras se hallaba hospitalizado, se enteró de que su empresa le acababa de despedir. “Lo que más me dolió es que nadie me llamó al hospital, creyeron que estaba muerto. Nadie se interesó ni se preocupó de mí. Mi jefe no me llamó ni me dijo nada. Él pensaba que yo ya estaba muerto. Miraron en Eivissa y yo no estaba en ningún hospital de allí”, se lamenta el hombre.
Tras demandar a su empresa Construcciones Oriental Sun 2017 SL, cuyo responsable es de origen chino, tres años después, la Justicia le ha dado la razón. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha estimado su recurso de suplicación, planteado por su abogado Lázaro Lucio de Oliveira, y ha revocado la sentencia anterior de un juzgado de lo social de Palma. La Sala ha declarado nulo su despido, producido el 31 de mayo de 2021, “por su carácter discriminatorio por causa de discapacidad” y condena a la empresa a su inmediata readmisión y al pago de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la fecha de reincorporación. Además, el tribunal fija una indemnización de 7.501 euros por el daño moral causado por la discriminación padecida.
“Me tendrían que pagar 70.000 euros, pero la empresa es insolvente, no he recibido nada. Todo el proceso ha tardado bastante, unos tres años. Me han dado la razón los tribunales, pero no me han pagado nada. Al Fogasa le tocaría pagarme 16.000 euros, pero de momento se niegan a pagar porque dicen que no les corresponde”, detalla Hamet con impotencia.
“La Justica es muy lenta, llega muy tarde; a otros extranjeros les diría que no se rindan y que denuncien; también tenemos derechos y hay Justicia por eso”, añade el ciudadano. “Ahora, seguiré luchando para que el Fogasa me pague”, insiste.
Llegó a Palma hace veinte años
Hamet, de 43 años, lleva media vida en Mallorca. Llegó a Palma hace veinte años, en 2004, procedente de Murcia. Entró en España a bordo de una patera desde Marruecos a Las Palmas. “Cuando llegué aquí, no conocía a nadie en Palma”, reconoce. Siempre ha trabajado en la construcción y en el sector de la panadería. Toda su familia vive en Bamako, la capital de Mali. “Allí tengo seis hijos”, explica con un destello en sus ojos.
El 25 de mayo de 2021 se hallaba trabajando en Eivissa. “Solo llevaba un mes en esa empresa de peón. En Palma, construíamos un edificio de pisos en la zona de Gomila. Y esos días estaba en Eivissa con otros compañeros reformando una tienda”, confirma.
“Cuando tuve el ictus, recuerdo que eran las siete y media de la mañana y tomaba un café con un compañero. Sentí un dolor muy fuerte en la cabeza que bajaba hacia atrás. Me senté, mi cuerpo estaba muy caliente. A las nueve de la mañana no podía contestar el teléfono. Dos compañeros se acercaron para ver cómo estaba y ellos llamaron a la ambulancia. Cuando me vieron los sanitarios me dijeron que me tenían que operar de forma urgente y llevarme a Palma. Me trasladaron en avión ambulancia directamente. Tenía que seguir despierto, no me podía dormir. En 45 minutos ya estaba en Son Espases, donde me operaron”, rememora Hamet.
El trabajador fue intervenido dos veces de la disección aórtica y un año después, de una insuficiencia renal. “Mientras estaba ingresado me despidieron. No me pareció normal lo ocurrido y, por eso, demandé a la empresa”, asegura.
“Antes, no había tenido ningún problema de salud nunca. Ahora, no puedo hacer esfuerzos ni trabajar en tensión. Ya no puedo practicar deporte, antes jugaba al fútbol”, señala Hamet, quien tiene reconocida una incapacidad permanente por parte de la Seguridad Social desde junio de 2022. Por ello, cobra una pequeña prestación.
Sentencia del TSJIB
El TSJIB ha revocado la sentencia del juzgado de lo social de Palma, de marzo de 2022, que declaró improcedente el despido y fijó una indemnización de 284 euros. La Sala enmienda el fallo al considerar nulo el despido e incorpora unos hechos que, debidamente invocados en la demanda, acreditados documentalmente en el juicio e incontrovertidos por la demandada, debieron ser recogidos en la declaración de hechos probados al ser determinantes en orden a la calificación del despido. Estos hechos se refieren a la grave situación médica que afectó al empleado debido a la disección aórtica que sufrió mientras estaba trabajando. El tribunal reprocha a la jueza que omitiera estos datos en su sentencia.
Así, la Sala social del TSJIB añade los detalles del proceso y el tratamiento médico del demandante, según se desprende del informe médico de Son Espases, y concluye que el despido fue nulo por responder a una discriminación por causa de discapacidad. El tribunal coincide plenamente con el trabajador y con el razonamiento del fiscal, que se basa en la propia doctrina de la Sala, que emana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“La secuencia temporal de los hechos no deja lugar a dudas respecto a que el despido del actor es reactivo a la grave situación médica que acontece a partir de la disección aórtica que padece en el trabajo”, subraya el TSJIB.
Además, la inmediata evacuación en ambulancia y el posterior traslado aéreo a Palma ya permitían a la empresa tomar plena conciencia de la gravedad del caso, según reconocen los magistrados. La fiscalía destacó que un testigo confirmó que se siguió trabajando en la obra con posterioridad al accidente, que el trabajador no se reincorporó y que supieron, dos semanas después, que seguía grave.
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