Los geriátricos con 416 muertos por covid solo recibieron cinco sanciones

Las residencias de ancianos de Baleares registraron una auténtica carnicería a raíz de la pandemia de covid que estalló en 2020. En medio de una gestión caótica, se superaron los cinco mil contagios que, según los datos del Imserso cerrados en enero de 2023, se tradujeron en 417 fallecimientos. Esta mortandad supone una cuarta parte de las 1.600 defunciones asociadas al coronavirus en el conjunto de la población durante el mismo periodo. Según los datos aportados por la conselleria de Sanidad, no hubo muertes entre el personal contagiado.

El impacto en las residencias, que obligó al Govern del Pacto de Progreso a intervenir de urgencia hasta seis geriátricos privados durante las dos primeras oleadas de 2020, no se tradujo en acciones disciplinarias de envergadura. Los cuatrocientos fallecimientos, concentrados por el peso demográfico en la isla de Mallorca, supusieron apenas cinco sanciones del Consell de Mallorca de izquierdas, de acuerdo con los datos suministrados por la institución insular.

En 2020, epicentro de la pandemia, las 56 inspecciones llevadas a cabo en el área de Gent Gran del Consell no coincidieron con la etapa del confinamiento estricto. Según la institución con competencia en residencias de tercera edad, los centros no fueron visitados para efectuar verificaciones durante la fase más cruda de la covid.

A la hora de exigir responsabilidades, las autoridades apostaron por una política de generosidad. Las sanciones impuestas a residencias geriátricas por el IMAS del Pacto de Progreso durante 2020 se circunscriben a cinco. Al año siguiente, con el coronavirus en plena vigencia, solo se cerró un expediente sancionador según reconoce la entidad. El Institut desliga de la pandemia a las cinco medidas disciplinarias adoptadas en 2022.

Las residencias han salido muy bien libradas, tras verse absolutamente desarboladas. Las autoridades sanitarias recuerdan la desolación absoluta de la directora de un geriátrico palmesano, hundida más allá de lo profesional al señalar a las autoridades sanitarias al borde del llanto que ni siquiera podían procesar adecuadamente los casos graves y las muertes que se producían en su ámbito.

El propio Govern, que se había mostrado tan tolerante con la carnicería, se vio forzado desde el exterior a detallar las carencias de los geriátricos. En el verano de 2022, el ministerio de Sanidad de Carolina Darias obligó a las autonomías a redactar un «Informe técnico sobre la respuesta a la pandemia en las residencias de personas mayores». El dosier de 16 folios correspondiente a Baleares está firmado por María Eugenia Carandell, en su función de directora de Asistencia Sanitaria.

El «Informe técnico» sorprende por compendiar un catálogo de generalidades, sin entrar en la situación dramáticas que se acababa de vivir en los geriátricos de Baleares. Se eludía aportar datos concretos, y mucho menos detallados por empresas. Sin embargo, era inevitable constatar que «la formación específica para la intervención en caso de crisis sanitarias como la de la pandemia era prácticamente nula» en los establecimientos examinados.

Pese al diagnóstico categórico sobre unas carencias traducidas en más de cuatrocientos muertos, el Govern retomaba de inmediato su relación fraternal con los centros, que debería vigilar y que se vio obligado a intervenir en masa. De ahí que se extendiera el manto protector de que «las residencias son domicilio de las personas y en ningún caso son un recurso asistencial». Una excusa que nadie había pedido.

En el interior y el exterior de las residencias geriátricas, el covid se centró en personas de edad, con picos de afección mortal por encima incluso de los ochenta años. De ahí que los trabajadores de instituciones para gente mayor experimentaran también contagios masivos, pero de menor severidad. Los 3.383 casos de profesionales contabilizados por Sanidad se zanjaron sin ningún fallecimiento.

La dejación de responsabilidades sancionadoras de las instituciones del Pacto permitieron el envalentonamiento de los gestores de las residencias más ineficaces ante la pandemia. Dado el nulo riesgo de recibir una sanción, empresas con decenas de fallecimientos reclamaban prácticamente el rango de salvadoras.

La práctica ausencia de sanciones no aparece reflejada en el «Informe técnico» redactado bajo instrucción ministerial. Esta inhibición a la hora de expedientar las carencias registradas podría refugiarse en una penetración homogénea del coronavirus, de modo que todos los centros se habrían visto arrasados con intensidad pareja.

Sin embargo, los cuatrocientos muertos apuntan a un comportamiento selectivo. Aunque 22 instituciones asilares de Baleares habían registrado fallecimientos a finales de 2020, siete establecimientos concentraban tres de cada cinco defunciones. Esta crisis sin precedentes obligó a la intervención masiva, la ausencia de medidas disciplinarias castigó paradójicamente a los geriátricos que tuvieron una respuesta más acertada.

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