Una magistrada de Palma se postula para ser elegida en el Tribunal Supremo

Desde hace casi medio siglo ningún juez, o jueza, que ejerce en Mallorca se había postulado para convertirse en magistrado del Tribunal Supremo, que es la máxima instancia judicial del país. La magistrada Alicia Ortuño Rodríguez ha roto esta dinámica y ha decidido optar a una de las plazas que se han ofrecido para integrarse en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Se trata de la instancia especializada en decisiones de carácter administrativo, pero sus resoluciones tienen una gran trascendencia. Es la Sala que, entre otras funciones, es la responsable de analizar las disposiciones que aprueba el Consejo de Ministros y del propio Consejo General del Poder Judicial. También analiza las decisiones del Congreso de los Diputados y del Senado.

Desde hace algo más de una década Alicia Ortuño forma parte de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears. Es una jurista, no solo de una gran preparación técnica en la materia en la que se ha especializado, sino que cuenta con un gran prestigio profesional. Debido a que la plaza de presidente de este tribunal del TSJB quedó vacante, tras la jubilación del juez Gabriel Fiol, se especuló con la posibilidad de que Ortuño optara a presidir esta Sala. Sin embargo, parece que esta posibilidad se ha diluido y la magistrada ha optado por entrar a formar parte del Tribunal Supremo, ya que cuenta con todos los requisitos que se exigen.

Ortuño ha logrado el apoyo absoluto de sus compañeros de Mallorca. Dentro de la tramitación habitual que se precisa para este tipo de nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial se dirigió por escrito al TSJB. En concreto, la llamada Comisión de Calificación del Consejo solicitó un informe sobre la cualificación profesional de la magistrada Ortuño. Esta petición ha sido respondida por la Sala de Gobierno del TSJB, cuyo informe no puede ser más positivo para resaltar las cualidades profesionales de esta magistrada de Palma. Así, en el informe se incide en el «excelente ejercicio de sus funciones jurisdiccionales en este territorio y especialmente su desempeño como magistrada en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB».

La falta de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha retrasado el nombramiento de muchos magistrados del Supremo. Las plazas de los jueces que se han jubilado no se han ido renovando, por lo que quedan muchas vacantes por cubrir. Ello aumenta las posibilidades de Ortuño de ser admitida como nueva magistrada del Supremo.

Ortuño, que se sitúa en la posición conservadora de la judicatura, mantiene también una gran implicación en la tarea asociativa de la profesión. Como portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura fue una de las principales voces que se escucharon en Palma para defender el derecho de los jueces a iniciar una huelga, para poder exigir al Gobierno mejoras laborales. Una reivindicación que su asociación impulsó hace ahora más de diez años, para conseguir, sobre todo, más medios para la justicia, que permitiera a los profesionales la posibilidad de poder compaginar su labor profesional con su vida personal, ya que la carga de trabajo que debían asumir los magistrados era insoportable. La jueza reivindicó el derecho de los jueces a dedicar el tiempo necesario para estudiar un caso en profundidad antes de resolverlo, una tarea que cada vez era más complicada por el exceso de sentencias que debían dictar.

En su reciente etapa como magistrada del TSJB, la jueza Ortuño ha participado en resoluciones judiciales de un gran calado social. Así, por ejemplo, tuvo un papel muy destacado en la época de la pandemia, ya que el tribunal del que forma parte tuvo que dictar varias resoluciones sobre las restricciones que impuso el Govern para hacer frente al virus. En más de una ocasión, la magistrada se mostró muy crítica con dichas resoluciones. Una crítica que también se ha extendido hacia determinados procedimientos de expulsión de extranjeros.

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