El Govern considera "razonable" que se amplíe la legalización en suelo rústico

El Govern considera «razonable» que se amplíe ahora la legalización de las edificaciones en suelo rústico de Balears. El Ejecutivo argumenta que las obras ilegales cuyas irregularidades hayan prescrito en el periodo de tres años que dura la regularización extraordinaria también tienen derecho a ser amnistiadas. «La legalización dura tres años. Ahora bien, si en el transcurso de estos tres años hay edificaciones que prescriben hemos dicho: ¿Por qué no se tiene que poder legalizar con los mismos derechos que aquellas que ya habían prescrito a la entrada en vigor de la ley?Parece razonable pensar que estos ciudadanos también puedan tener este derecho aun cuando a la entrada en vigor de la ley no hubiese prescrito», expresó ayer el portavoz del Govern, Antoni Costa.

El Govern cuela tres años más para legalizar edificaciones en suelo rústico

Cabe recordar que el Ejecutivo aprobó el pasado mes de mayo una polémica amnistía urbanística que permite autorizar de manera extraordinaria aquellas construcciones ilegales cuyo delito haya prescrito. Sin embargo, en la ratificación de este decreto como ley, este mismo mes de diciembre, se han producido cambios significativos en el redactado que amplían las posibilidades para regularizar obras ilegales.

En concreto, con la normativa de mayo solamente podían acogerse a la amnistía urbanística aquellas edificaciones cuya ilegalidad hubiera prescrito «a la entrada en vigor de la ley». Ahora, en cambio, se amplía el plazo al «momento de la presentación de la solicitud». Dicho de otra forma, edificaciones con un expediente de infracción urbanística aún activo, podrán beneficiarse de la amnistía si el delito ha prescrito cuando se solicite la regularización, dentro del próximo trienio. 

«Las edificaciones que se hiciesen incumpliendo la normativa urbanística en 2017 efectivamente si podrían entrar en la regularización si prescribe el derecho de la administración. Lo cual indica que a día de hoy una administración pública respecto a estas edificaciones tiene el derecho a restablecer la legalidad urbanística», determinó Costa. Asimismo, el portavoz del Govern recalcó que el plazo para solicitar la legalización extraordinaria de las construcciones es de tres años.

Respecto a la introducción del silencio positivo a la hora de admitir las solicitudes, el también vicepresidente señaló que el cambio responde a una exigencia de Vox. «Fue una enmienda pactada con Vox en el transcurso de la tramitación parlamentaria a la cual nosotros accedimos. En el decreto inicial de mayo el silencio era negativo y tras el acuerdo pasa a ser positivo siempre que no estemos en ninguno de los casos de imposibilidad de legalizar y siempre que se cumplan todos los requisitos legales. Hay que entrar el expediente y este tiene que cumplir la legislación», explicó Costa. 

Cambios en el decreto

En este sentido, el decreto de mayo estipulaba lo siguiente: «el plazo máximo para resolver y notificar la resolución final a la persona interesada es de seis meses, y el efecto del transcurso de este plazo máximo habilita al interesado a considerar desestimada la solicitud por silencio negativo, sin perjuicio de la obligación del ayuntamiento de resolver y notificar la resolución expresa».

Sin embargo, la ley ahora se pronuncia de la siguiente forma: «el plazo máximo para resolver y notificar la resolución final a la persona interesada es de seis meses, y el efecto del transcurso de este plazo máximo habilita al interesado a considerar estimada la solicitud por silencio positivo, quitado que esta incurra en cualquiera de los supuestos de inadmisibilidad o no verifique los requisitos establecidos en esta disposición adicional por tener derecho a la legalización extraordinaria solicitada». 

En este caso, la rectificación provoca que el silencio sea positivo, de forma que si no hay respuesta por parte de la Administración, la solicitud para legalizar la edificación se dará por estimada. De esta forma desde el Govern defienden que los dos cambios en el redactado de la ley de simplificación responden a la tramitación parlamentaria que ha seguido el decreto hasta quedar ratificado como ley y destacan que el objetivo con esta normativa es el de legalizar las edificaciones para dar una salida a los ciudadanos de Balears.