Demanda laboral contra GSAIB, 061 y un exdirigente de Vox en Palma por despedir a un sindicalista del sector de las ambulancias

Un empleado del sector de las ambulancias, sindicalista de UGT, que era el representante de los trabajadores en su empresa ha demandado al SAMU 061, a Gestión Sanitaria Asistencial de las Illes Balears (GSAIB) y al gerente de esta última entidad, Sergio Pablo Rodríguez Garí, excoordinador de Vox en Palma e hijo del diputado de la ultraderecha, Sergio Rodríguez, al considerar que su despido es nulo por haberse vulnerado derechos fundamentales.

El afectado y el sindicato al que está afiliado, UGT, respecto del cual ostentaba la condición de representante de los trabajadores, solicitan una indemnización de 100.000 euros por daño moral.

Expedientan a la empresa pública responsable de las ambulancias de Baleares

La reclamación laboral fue registrada en el Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB) y se dirige principalmente contra la empresa pública responsable de las ambulancias en las islas. Precisamente, las partes están citadas hoy por la mañana para un acto de mediación ante el TAMIB.

Según el demandante, su despido se debe a que es “un trabajador reivindicativo de derechos” tanto en su rol profesional en su condición de director de área, como en su rol de representante de los trabajadores dentro del sindicato UGT. “Esa es la verdadera razón por la que se me despide: quitarse de encima a un trabajador representante sindical y reivindicativo de derechos”, detalla en la demanda laboral.

El afectado sostiene que su despido no responde al derecho que le asiste a la empresa para lograr la mayor efectividad en la realización de los servicios públicos que desarrolla, como alega la carta extintiva que recibió. Esto “escapa a toda lógica y razón organizacional que, después de casi tres años de la subrogación de la plantilla, ahora se haya podido conocer y analizar las verdaderas necesidades de este servicio, tal como intenta fundamentar la empresa” para proceder a su despido, según se desprende de la demanda laboral.

“La verdadera causa de la extinción ha sido la que le sobrevino al nuevo gerente de GSAIB, cuando detectó que el trabajador era una amenaza para él, dado que elaboraba informes sobre los déficits de la empresa”, añade la reclamación. Según el demandante, el nuevo gerente, excoordinador de Vox en Palma, no lo entendió como análisis objetivos de corrección en la gestión de la empresa, “sino que lo habría asumido como una crítica personal y ello en relación con su incompetencia para la gestión en el sector en el que interactúa la empresa”.

A este motivo de despido, hay que añadir otro, según el empleado: el nuevo rol asumido como representante de los trabajadores a través de UGT, al encargarse de asesorar y orientar a los afiliados y simpatizantes para la reivindicación de derechos frente a la empresa. “Estas son las razones por las que el gerente me despide, porque, reitero, no se entiende que en tres años no se haya dado cuenta la empresa de que mi puesto era amortizable, sin perjuicio de que es mentira”, señala el trabajador, representado por el abogado laboralista Pablo Alonso de Caso.

Desde junio de 2017

El afectado trabajaba en la empresa con contrato de trabajo indefinido, a tiempo completo, desde junio de 2017. El 1 de mayo de 2022 fue subrogado, como el resto de la plantilla, por parte de GSAIB del servicio público de ambulancias. Según su versión, cuando fue despedido realmente no prestaba servicios para GSAIB, sino para el SAMU 061.

En el verano de 2024, se afilió al sindicato UGT. Y el pasado 31 de agosto se le nombró responsable de jefaturas y mandos intermedios. Por ello, alega que se ha conculcado el derecho a la libertad sindical y el derecho a no ser discriminado por su condición de representante de los trabajadores. “El gerente no ha tardado ni tres meses en despedirme desde mi condición de sindicalista”, insiste el demandante, quien añade que desplegaba una actividad sindical “incómoda” para la empresa.

El 22 de octubre de 2024 se le entregó la carta de despido, con efectos extintivos de 6 de noviembre de 2024, a través de la cual se le comunicaba que se procedía a la amortización de su puesto de trabajo por causas objetivas de naturaleza organizativa. El trabajador reprocha que esta decisión no fue informada al sindicato y el día que le entregaron la carta no le dieron la ocasión de ser acompañado por otro miembro de UGT.

Según la demanda, la extinción por causas objetivas está celebrada en fraude de ley, ya que la verdadera empleadora es SAMU 061, el trabajador no realizaba las funciones y tareas que describe la carta de despido y se realiza la extinción a los tres años de ser subrogado a GSAIB.

Realizaba informes

El afectado tenía encomendado, entre sus tareas, la elaboración de estudios y análisis para mejorar la prestación de servicios y que fueran más eficientes y eficaces. El último informe que envió al gerente apuntaba a serios déficits en el servicio programado de ambulancias. Así, “se prescinde de mí para no soportar los informes que venía evacuando, que, al entender del gerente de GSAIB, suponían una amenaza para su continuación”, indica el demandante en su reclamación laboral.

El trabajador y UGT reclaman una indemnización por daño moral al calificar los hechos como muy graves en atención a la actitud antisocial de la empresa a través de su gerente. De forma subsidiaria, piden que se declare que el despido ha sido improcedente.

La portavoz de Vox, en contra de las subidas de sueldos del IB-Salut

Precisamente, hace pocos días los trabajadores de las ambulancias salieron a la calle a protestar por los “reiterados incumplimientos” de la empresa GSAIB, que gestiona el servicio sanitario y que ha sido expedientada por la Inspección de Trabajo. Su gerente, y la cúpula del IBSalut, también fueron noticia semanas atrás al conocerse la subida de sueldos prevista para 2025 en el caso de que los Presupuestos se hubieran aprobado.