El fiscal del caso Calanova: “El conseller Carlos Delgado no se abstuvo porque quería beneficiar a Gelabert”

El fiscal anticorrupción de Balears Juan Carrau fue muy duro ayer en sus informes al pedir la condena para el exconseller de Turismo, Carlos Delgado (PP); su mano derecha, el entonces secretario general de la Conselleria, Joaquín Legaza; su actual socio de despacho, el letrado Carlos Gelabert; y otras tres personas más acusadas de prevaricación y tráfico de influencias en el juicio del caso Calanova por el presunto amaño en el concurso del puerto en 2013.

“El conseller no se abstuvo porque no quiso y porque quería beneficiar a Gelabert. Es evidente que había una relación de amistad entre ambos, Delgado debería haberse abstenido. La ley lo dice. Pensamos que hay motivo de abstención”, subrayó Carrau en la Audiencia de Palma, haciendo hincapié en que tanto por amistad como por su relación profesional al ser Gelabert su abogado en el tema de su separación, el conseller debería haberse apartado del concurso.

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“Está probada la relación de amistad entre Delgado y Gelabert. Lo han dicho cuatro testigos. Acaban siendo socios, se hacen regalos, viajan juntos… Basta mirar los whatsapp que son palmarios. Esto excede de lo verdaderamente profesional. La relación no es la de un abogado cliente. Aquí hay algo más. Se llamaban con los teléfonos de terceras personas, de las parejas. Sí hay relación de amistad”, ha insistido el fiscal en la decimotercera sesión del juicio.

El ministerio público sostiene que Delgado y su hombre de confianza en la Conselleria, Joaquín Legaza, para quienes pide un año y nueve meses de prisión y una multa de más de un millón de euros, supuestamente beneficiaron a la empresa que resultó adjudicataria de la concesión del puerto, Port Olímpic Calanova SL, de la que era socio y administrador el abogado y amigo del entonces conseller, el letrado Carlos Gelabert.

“Gelabert y su socio cobraron 400.000 euros por haber obtenido la adjudicación por amistad clara con el conseller que presidía el órgano que daba la concesión”, incidió el fiscal anticorrupción. “Gelabert se aprovechó de la amistad con el conseller. Tras una inversión de 9.000 euros en septiembre de 2013, 52 días después ganan 400.000 euros. ¿Qué se está retribuyendo? El haber obtenido la adjudicación”, recalcó Carrau.

Un 3.650% de plusvalía

El abogado de la acusación popular también se centró en esta cuestión, si bien mantuvo que Gelabert y su compañero de despacho cobraron 750.000 euros. “Como mínimo, el precio de venta de sus participaciones fue 750.000 euros. En 52 días obtuvieron una plusvalía de más de 730.000 euros. Esto es un 3.650% de plusvalía. ¿Qué negocio normal tiene esa plusvalía en pocos días? ¿Qué se retribuyó? Pues, el precio de la influencia se retribuyó”, sentenció de forma rotunda el letrado.

El fiscal anticorrupción reprochó la conducta de Delgado. “El conseller se prevalió de su superioridad jerárquica. El conseller ordenó y Legaza ejecutó de una manera muy hábil, técnica y precisa, evitando que los que tomaban las decisiones obtuvieran la información completa y ocultando hechos claros como las consultas realizadas o los informes de PortsIB”, expuso Carrau.

“Legaza supo hacer efectiva esta indicación que su superior le realizó. Se ocultaron y distorsionaron datos no solo en el consejo de administración de Ports sino también en la Mesa de valoración”, criticó el ministerio fiscal.

“Al consejo de administración se le engañó, se le ocultó información. El órgano que decide no tuvo toda la información. No se le enseñaron las consultas de los licitadores y no se dijo nada de los informes discrepantes de los técnicos de PortsIB, que consideraban que no se podía modificar el cuadro de amarres inicial. Esto generó un resultado injusto y arbitrario. Y es una infracción grave de la ley”, concluyó Carrau, que consideró probados los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Abogacía del Govern

El abogado de la comunidad autónoma, que solicita dos años de cárcel para los seis encausados, criticó que la tramitación del expediente se hubiera llevado a cabo en la Conselleria. “Su tramitación en la Conselleria resulta extraña. Lo lógico hubiera sido que toda la tramitación hubiera sido por el personal de PortsIB”, indicó.

“No se facilitó toda la información del proceso. Legaza tuvo el dominio constante del procedimiento para influenciar, influencia que ejerció de forma sutil. Omitió información. Legaza ejerció su influencia en la Conselleria. Los funcionarios se vieron influenciados no solo por su ascendencia de su superior jerárquico, sino por sus amplios conocimientos en materia de contratación”, destacó el letrado del Govern, en la misma línea que el fiscal.

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Otra acusación particular coincidió en que PortsIB era el competente para tramitar el expediente concesional del puerto de Calanova. “Si lo hubiera tramitado Ports, hoy no estaríamos aquí. La oferta de Port Olímpic Calanova SL debía ser excluida, según los juristas y técnicos de Ports. No tuvo ningún sentido que el expediente se tramitara en la Conselleria”, detalló el abogado.

Legaza tenía el control

“Legaza creó una Mesa de valoración para tener el control. Todos dependían de él. Solo dos discreparon y propusieron la exclusión de Port Olímpic Calanova SL. No puede ser tanta casualidad. Está claro que ha habido un trato de favor a Port Olímpic”, concluyó el letrado.

El próximo martes el juicio del caso Calanova está previsto que finalice en la sección primera de la Audiencia Provincial después de que las defensas realicen sus informes y del turno de la última palabra de los seis acusados.

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