La jueza abre juicio contra la antigua cúpula de la Autoritat Portuària de Baleares

La jueza del juzgado de instrucción número 3, Martina Mora, ha dictado un auto en el que abre juicio oral y, por tanto, lleva al banquillo de los acusados a la antigua cúpula de la Autoritat Portuària de Baleares (APB), a la que acusa de planear el amaño de la concesión de la explotación del club náutico de Ibiza y de unos amarres del puerto de Maó. Este es el último trámite en el que intervendrá la magistrada, ya que el caso se traslada a la Audiencia Provincial para que los catorce acusados sean juzgados.

El banquillo de los acusados estará encabezado por el que fue presidente de la APB, Juan Gual de Torella, para quien las acusaciones solicitan que cumpla nueve años de prisión. Tendrá que defenderse de los delitos de fraude a la administración, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. En el juicio estará acompañado, entre otros, por Juan Carlos Plaza, que ocupaba el cargo de director de la APB, por Armando Parada, exjefe de gestión, Fernando Berenguer y por la abogada del Estado, Dolores Ripoll. Entre los acusados que serán juzgados también destaca la presencia del exalcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, por su condición de vocal del Consejo de Administración. A la mayoría de los acusados se les imputa los delitos de fraude a la administración y prevaricación administrativa, solicitando para ellos diferentes penas, que incluyen la cárcel, sobre todo para los máximos responsables ejecutivos de la APB.

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En cuanto a la responsabilidad civil, la magistrada no impone ninguna fianza y ello se debe a que no se ha podido concretar todavía el supuesto perjuicio económico que causaron las irregularidades que se les imputa a los acusados. La jueza, de momento, rechaza la petición económica de las acusaciones particulares que ejercen tres empresas del sector náutico que se presentaron a los concursos que, según su criterio, fueron supuestamente amañados.

Una de estas empresas parece cuantificar el perjuicio que reclama en más de 36,7 millones de euros en concepto de lucro cesante por el presunto amaño en Ibiza. Mientras, otra sociedad fija el perjuicio sufrido en más de 370.000 euros o, subsidiariamente, más de 185.000 euros, también como lucro cesante, por las supuestas irregularidades en los amarres de Maó.

La magistrada instructora subraya que el perjuicio sufrido por los licitadores "no puede ser su expectativa de ganancia, sino los gastos soportados para acudir a dicho procedimiento de contratación o adjudicación pública". Según detalla la jueza, "la prueba sobre dicho perjuicio es extraordinariamente sencilla, estando en la mano de los perjudicados aportar los documentos relativos a los costes que asumieron y sumarlos sin que precisen para ello ningún informe pericial. Nada de eso se ha aportado ni consta en la causa, lo que hace imposible una cuantificación siquiera aproximada del perjuicio que permita fijar, al menos en este momento procesal, una fianza a su favor". Además, el auto recuerda que corresponde al perjudicado la aportación de los elementos de prueba que soporten su pretensión y no al juzgado de instrucción su investigación de oficio.

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La fiscalía, en su escrito de calificación provisional, estimó que en el caso del concurso de Maó se había ocasionado un perjuicio patrimonial a la Administración Pública (a la Autoritat Portuària de Baleares) de 160.000 euros. Mientras, en el concurso de Ibiza, el perjuicio se calcula entre 7,6 millones de euros y cerca de 13 millones por todo el período concesional y, en todo caso, entre 1,8 millones de euros y 3,1 millones como perjuicio real, efectivo y consumado causado a la Administración durante el período de siete años en que el Club Náutico de Ibiza ha ocupado el dominio público en virtud del título presuntamente ilícito.

El ministerio público no solicitó medidas cautelares en garantía de la restitución de este perjuicio. Y la APB ha declinado reclamar su indemnización en el presente procedimiento, haciendo expresa reserva de acciones para su ejercicio, en su caso, ante la jurisdicción civil una vez que finalice el procedimiento penal. Por tanto, esto impide a la jueza adoptar en estos momentos medidas cautelares pecuniarias en garantía de la eventual indemnización de este perjuicio.

La magistrada detalla en su auto judicial los delitos y las penas que solicitan las diferentes acusaciones. En una resolución anterior ya detalló que consideraba que existían indicios más que suficientes para acusar a la antigua cúpula de esta institución pública de amañar un concurso público, como era la concesión de la explotación de las instalaciones náuticas de Ibiza, al histórico club que había dirigido esta área en el último medio siglo. Así, tanto la propia magistrada, como la fiscalía Anticorrupción, sostienen que los acusados, en función de su grado de responsabilidad dentro de la APB, maniobraron para otorgar el concurso al Club Náutico de Ibiza para que continuara explotando la dársena de este espacio marítimo. Y para llevar a cabo este plan el Consejo de Administración de la APB dictó varias resoluciones arbitrarias, que únicamente beneficiaban a este histórico club que, por otra parte, contaba con el apoyo de los diferentes grupos políticos de Baleares para que continuará explotando el puerto deportivo. Cabe recordar que el concurso fue anulado por los tribunales, al considerar que las cláusulas que se habían fijado en la convocatoria eran ilegales y que, según las acusaciones, se habían incluido para beneficiar en la puntuación a la oferta que había presentado el Club Náutico de Ibiza.

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La fiscalía Anticorrupción insistió en su escrito que tanto el entonces presidente, Juan Gual de Torrella, como el que fue alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, dictaron hasta tres resoluciones administrativas injustas. Dichas decisiones fueron después aprobadas por el Consejo de Administración de la APB, siguiendo el consejo de la abogada del Estado. La acusación resaltó en su escrito las presiones que recibieron dos de los integrantes del Consejo, que desde el primer momento dudaron de la legalidad de estas cláusulas, que consideraron arbitrarias y que se incluyeron para beneficiar los intereses del histórico club, que venía explotando esta instalación pública desde el año 1927.

El auto comunicado hoy por la jueza fija un plazo a las defensas de los acusados para que presenten sus correspondientes escritos. Todos los acusados han rechazado que se pusieran de acuerdo para amañar dicho concurso y han sostenido que existía un interés general para que el Club Náutico de Ibiza continuara con la explotación de esta zona náutica.

Todo el sumario del caso será trasladado a la Audiencia, que deberá determinar la fecha del juicio que, casi con toda seguridad, se celebrará el próximo año.

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Cabe recordar que Juan Gual de Torrella fue detenido por la Guardia Civil al inicio de esta operación, hace ya más de cuatro años, que conllevó un registro en varias oficinas de la Autoritat Portuaria. También fueron arrestados varios de los integrantes del Consejo de Administración al existir indicios de que se habría podido amañar varios concursos públicos en la concesión de instalaciones náuticas. La investigación judicial se mantuvo secreta durante varios años. La magistrada todavía tiene abiertos otros sumarios por otros presuntos amaños en la concesión de espacios náuticos que pertenecen a la APB

La magistrada ha aceptado la personación en el caso de tres empresas náuticas que se presentaron al concurso, pero cuyas propuestas fueron rechazadas por el Consejo de Administración.