Tribunales
El Colegio de Médicos de Baleares paga más de cien mil euros por un despido improcedente
Malestar entre colegiados por el elevado coste de prescindir de una sindicalista, que había demandado la nulidad ante los tribunales

El Colegio accedió a abonar «sesenta mil euros netos» en la puerta del juzgado a la empleada despedida. / DM

El Colegio de Médicos de Baleares ha tenido que abonar más de cien mil euros por el despido improcedente de una trabajadora de la entidad. La gerente de la entidad, Marian Fuster, señaló ayer que todavía no podía indicar la cifra exacta en perjuicio de una institución con un presupuesto anual de 1,9 millones de euros. La cantidad invertida en lograr la conformidad de la empleada «para no llegar a juicio», en palabras de los portavoces colegiales, ha ocasionado malestar entre los facultativos que aportan sus cuotas para la inscripción obligatoria.
El despido objetivo de la representante de los trabajadores fue impuesto contra su voluntad por un total de 33 mil euros, con una antigüedad que se remontaba a 2008. Esta cantidad se complementaba con otros cuatro mil euros, correspondientes al finiquito. La trabajadora interpuso una demanda laboral reclamando la nulidad de la extinción de su vínculo.
La acción judicial fue interpuesta por el abogado Pablo Alonso de Caso, y la resolución ha llegado bajo la dirección letrada de David Castro. La demandante reclamaba inicialmente cincuenta mil euros, cantidad que vería sensiblemente incrementada. Sustentaba su petición en el daño moral padecido, alegando no solo la vulneración de derechos fundamentales, sino también acoso, presión y menosprecio.
El acuerdo definitivo que dispararía las cantidades por encima de los cien mil euros se alcanzó in extremis, a las puertas mismas del juzgado de lo Social. Ambas partes coinciden en este extremo. El propio Colegio reconoce que accedió a la petición de sesenta mil euros de la trabajadora para evitar la intervención judicial.
La trabajadora señala que se le propuso que aportara una cantidad, que finalmente fue de «sesenta mil euros netos», con lo cual las cargas anejas corresponden también al colegio, y competen fundamentalmente a la Seguridad Social. De este modo se saldó un «despido improcedente con acuerdo».
La cantidad finalmente obtenida por la trabajadora despedida excede en más de diez mil euros a la que originó la demanda. Junto a los 37 mil euros iniciales, más la cargas y los costes, la cifra adquiere una entidad notable. Al preguntar a la gerente del Colegio por qué se accedió a desembolsar una cantidad apreciable sin someterse al veredicto judicial, respondió que «la Junta de Gobierno decidió que era mejor no llegar a juicio». Este órgano está presidido en la actualidad por el psiquiatra Carles Recasens, al frente de la institución colegial.
El precio de evitar una sentencia judicial a toda costa ha sido tachado de excesivo por médicos al tanto de la evolución del procedimiento. La trabajadora despedida, que insiste en que preferiría continuar en un desempeño laboral que apreciaba antes que ser indemnizada, había denunciado ante la inspección de Trabajo las presiones que habría recibido en el desempeño de sus funciones.
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