¿Qué es el caso Calanova? Las claves de la investigación que ha sentado en el banquillo al exconseller de Turismo Carlos Delgado

La Audiencia de Palma juzga desde el pasado lunes 25 de noviembre el denominado caso Calanova contra el exconseller de Turismo y Deportes Carlos Delgado (PP) y otras cinco personas más acusadas de prevaricación y tráfico de influencias por el presunto amaño en el concurso por la concesión de la ocupación y explotación del puerto y la escuela de vela de Calanova en 2012 y 2013.

El fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, solicita para Delgado una condena de un año y nueve meses de cárcel y la inhabilitación durante nueve años por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Además, también reclama una multa de 1,1 millones de euros. Su defensa interesa la libre absolución al negar los cargos.

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El ministerio público pide las mismas penas para Joaquín Legaza, considerado su mano derecha, que en los años 2012 y 2013 ostentaba el cargo de secretario general de la conselleria de Turismo y Deportes y secretario del consejo de administración de Ports de les Illes Balears.

Mientras, el resto de encausados, dos empresarios y dos abogados que resultaron beneficiados con la adjudicación del puerto de Calanova, se enfrentan a penas menores por los mismos tipos delictivos: un año y medio de prisión, cinco años de inhabilitación y también la misma multa millonaria. Entre los sospechosos se encuentra el actual socio de despacho de Delgado, el letrado Carlos Gelabert, que en aquellas fechas se encargaba de llevarle la demanda de divorcio.

Según la versión del fiscal, durante 2013 el entonces conseller de Turismo y Deportes adoptó decisiones y dictó resoluciones directamente encaminadas a favorecer la adjudicación del concurso a favor de la empresa Port Olímpic Calanova SL, de la que era socio y administrador su abogado y amigo personal, Carlos Gelabert. Tanto el letrado como el exalcalde de Calvià remarcaron en el juicio que en esa época mantenían una relación de abogado y cliente, estrictamente profesional, que no era de amistad.

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Adjudicación del concurso

Precisamente, se adjudicó el concurso a esta sociedad el 10 de octubre de 2013, lo que generó un desproporcionado beneficio económico, no solo a su administrador, sino también a su socio de despacho, quien participó y se enriqueció de forma injustificada, según la acusación pública, que solicita el decomiso de 730.000 euros que ambos obtuvieron de beneficio al vender sus participaciones sociales a finales de octubre de 2013. Ambos letrados han alegado que no cobraron 750.000 euros, sino 420.000 euros, es decir 210.000 euros para cada uno.

Port Olímpic Calanova SL también estaba participada por otros dos acusados, los dos empresarios, quienes habrían resultado beneficiados durante este proceso.

El conseller Delgado presuntamente se sirvió de su ascendencia y su estrecha amistad con Joaquín Legaza, quien lideró y controló el procedimiento administrativo y se aseguró que la adjudicación de la concesión fuese a favor Port Olímpic Calanova SL, según se desprende del escrito de acusación.

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Port Olímpic Calanova SL fue la empresa que ofertó un canon económico más alto, pero lo hizo con cierta trampa, según afirma la acusación. Calculó una serie de ingresos económicos por el alquiler de barcos más grandes, pese a que en las cláusulas del concurso esta posibilidad de modificar la distribución de los amarres no se incluía. Al recibir barcos más grandes se podían elevar las cuotas de alquiler y, por tanto, la concesionaria pudo ofrecer a la administración un canon más alto. El resto de licitadores desconocían que se pudiera realizar esta distribución del espacio, por lo que su capacidad de ingresos era mucho menor.

El ganador del concurso fue aprobado por el consejo de administración de Ports de Balears, que presidía Delgado. El fiscal afirma que a los vocales del consejo no se les informó de que detrás de esta empresa estaba el abogado personal del conseller.

El ministerio público también pide, como consecuencia del delito de prevaricación, que se declare la nulidad de la resolución de 10 de octubre de 2013 por la que se adjudicó el concurso público a Port Olímpic Calanova SL y de la de 30 de octubre de ese año por la que se otorgó la concesión a la empresa.

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