La oposición presenta una ley para prohibir las viviendas en inundables

Vuelta a la casilla inicial. Los grupos parlamentarios del PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos registraron ayer una Proposición de Ley para prohibir la construcción y legalización de viviendas en zonas inundables y de riesgo con el objetivo de adelantarse al Govern de Marga Prohens, que ya ha anunciado que aprobará otro decreto ley para autoenmendarse y no permitir las nuevas edificaciones, si bien siguen apostando por la legalización de las viviendas que ya existen en estos espacios.

La oposición defiende que esta iniciativa debe tramitarse por urgencia porque surge «del clamor de la ciudadanía no solo desde la tragedia Valencia, sino también desde las inundaciones de Sant Llorenç», con el único fin de prohibir nuevas construcciones en zonas inundables, después de que en el mes de mayo el Govern levantara el veto a través del decreto ley de simplificación administrativa.

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Todos insisten, en la ley que han presentado, en que no se podrán establecer, en estas zonas de riesgo, equipaciones sensibles o infraestructuras publicas esenciales, como por ejemplo hospitales, centros escolares o sanitarios; residencias de personas mayores o de personas con discapacidad; centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, además de acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares. También rechazan la reconversión y cambio de uso de los locales comerciales u oficinas en viviendas.

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Además de plantear la prohibición de nuevas equipaciones en zonas de riesgo, la propuesta conjunta incluye el veto a convertir bajos comerciales en viviendas en zonas inundables y el rechazo a la legalización de edificios ya existentes fuera de ordenación en estas zonas, así como la posibilidad de hacer reformas, con el objetivo de «evitar una legalización encubierta como pretendía el PP».

En este sentido, la izquierda advierte de un efecto llamada de solicitud de nuevas licencias en zonas inundables «mientras el PP no pone remedio», por lo que esperan que esta ley pueda ser aprobada «cuanto antes, mejor». Los representantes de la oposición también explican que tanto para prohibir la construcción de edificaciones en zonas inundables como para arreglar el «follón legislativo» provocado por PP y Vox, la presidenta necesitará los votos de la izquierda.

Por este motivo, reclaman una reunión directamente con la presidenta del Govern para empezar «una negociación de verdad ante la incapacidad de dialogar demostrada» por el vicepresidente, Antoni Costa. Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, se mostró preocupado ya que actualmente sigue en vigor el decreto del Govern que permite construir y legalizar viviendas en zonas inundables. «Mientras se alargue la votación se están permitiendo nuevas edificaciones en estas áreas de riesgo. El decreto está en funcionamiento y el efecto llamada puede ser brutal, tenemos que crear una nueva ley con efectos retroactivos», expresó Negueruela.

Problema del Govern

En el caso de Més per Mallorca, su portavoz Lluís Apesteguia destacó que ha sido el Ejecutivo quien ha generado el problema al permitir la construcción en el decreto aprobado el pasado mes de mayo. «Es el Govern quien crea el problema y es el conjunto de la oposición quien se pone de acuerdo para intentar solucionarlo. Al final no llegamos a un acuerdo porque no querían incluir todas las zonas de riesgo como son las de incendio o erosión, además de las inundables. Queremos ayudar al PP a corregir sus errores que a día de hoy pueden poner en riesgo la seguridad de las personas», explicó Apesteguia.

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Una crítica que también compartió el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells. «Nuestro objetivo es que no se pueda construir ni legalizar edificaciones en ninguna zona de riesgo sin excepciones, no lo que pretendía el Govern de incorporar alguna excepción. Hacemos nuestra aportación para resolver el despropósito y esperpento en el que está la política balear con el actual decreto de simplificación», relató Castells.

En el caso de Unidas Podemos, la portavoz Cristina Gómez defendió la iniciativa conjunta legislativa «para frenar el ataque del PP con este decreto».