Decreto de simplificación administrativa
Los ingenieros forestales de Baleares piden reflexionar sobre la «irresponsable» aplicación de la amnistía urbanística
Reclaman la anulación de sus previsiones sobre zonas inundables y otras áreas de prevención de riesgos como el de incendios
Los ingenieros forestales de Baleares también han alzado la voz contra el decreto de simplificación administrativa. «La norma va en sentido contrario a lo que exige una sociedad madura que respeta la seguridad de sus ciudadanos». Por este motivo, reclaman la anulación de sus previsiones «sobre zonas inundables y otras áreas de prevención de riesgo», aseguran en un escrito que rubrica la delegación balear del Colegio de Ingenieros de Montes.
«Por la seguridad de todos», consideran que deberían anularse sus previsiones sobre zonas inundables y otras áreas de prevención de riesgo.
Los ingenieros explican que se necesitan décadas para modificar la percepción ciudadana del riesgo frente a las perturbaciones naturales. «Quizás aún más tiempo para que una cultura del riesgo colectivamente asimilada provoque las regulaciones necesarias, los procesos preestablecidos y los comportamientos colectivos precisos para anticipar, minimizar y responder a los efectos de unos desastres ambientales que se prevén cada vez más extremos y peligrosos por la crisis climática y la creciente vulnerabilidad de nuestra sociedad», recoge el texto.
Señalan desde el colegio que la adopción de cualquier medida preventiva implica, además de costes, valoración científica y técnica de conocimientos y experiencias respecto a cada riesgo, un cambio de actitud y un cambio de hábitos. «En todo caso, los costes son ridículos en relación a las vidas protegidas y a los ineludibles y cíclicos gastos de restauración que la prevención logra evitar y minimizar».
«Dramáticamente, hemos sido reiteradamente avisados, el peligro es real. Inundaciones severas, incluso letales (Sant Lloren, Porto Cristo, Mercadal, Valencia...) o grandes incendios forestales fuera de la capacidad de extinción (Andratx, Morna, Creta, Grecia, Portugal...). Por ello hay que asumir que la seguridad es la prioridad. Para establecer garantías de seguridad para hijos, nietos y para el conjunto de ciudadanos de Baleares, hay que reaccionar», indica el escrito.
Los ingenieros llaman en su texto a reflexionar sobre las consecuencias, para el presente y el futuro de los ciudadanos de Baleares, de la «irresponsable» posible aplicación del decreto ley de simplificación y racionalización administrativas en todo lo relativo a la cancelación de medidas preventivas (limitación de construcciones) en zonas inundables y otras zonas de alto riesgo (Áreas de Prevención de Riesgos-APR) de incendios forestales, de deslizamiento u otros fenómenos naturales.
«Toca decidir. Un retroceso en el control del uso del territorio y la carencia de rigor en aplicar un mínimo de límites a la instalación de residencias, urbanizaciones e infraestructuras en áreas de riesgo no puede comprometer la seguridad presente y futura de los habitantes de las islas y de sus visitantes», dicen los ingenieros. «La evaluación de cada riesgo y las medidas preventivas a corto y medio plazo han de ser rigurosas y transparentes y profundamente asentadas en la información científica y técnica disponible. No se puede retroceder en la cobertura legal básica para establecer una ordenación territorial capaz de adaptar al cambio climático y a las perturbaciones ambientales extremas las zonas residenciales y las infraestructuras estratégicas de las islas», añaden.
«Tenemos muy abandonados los terrenos agroforestales, desde donde han de establecerse imprescindibles medidas preventivas, ligadas a la laminación de avenidas, recarga de acuíferos, protección del suelo, prevención de incendios y otras muchas acciones que precisan consenso social, cultura del riesgo y plazos que van mucho más allá de unas legislaturas», concluyen.
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