El impacto de la amnistía urbanística en Mallorca: Casi 4.000 viviendas legales en suelo rústico inundable y 13.500 residentes en riesgo

Lo han repetido el GOB, el Comité de Expertos para la Transición Energética y Cambio Climático de Balears o el Fòrum de la Societat Civil. Si se aprueba el decreto de simplificación administrativa del Govern, «se estará poniendo en peligro la vida de personas» por varios motivos. Dos de ellos son los más señalados por las entidades críticas: uno es permitir la construcción en zonas inundables en rústico donde estaba prohibido y el segundo es abrir la puerta a la legalización de edificaciones ya existentes en estas áreas. 

Este diario ha consultado con distintos geógrafos que, trabajando con sistemas de información geográfica a partir de datos del Catastro, han podido contabilizar todas las parcelas que están en áreas de prevención de riesgo de inundación en suelo rústico de Mallorca y han podido clasificarlas en parcelas ya construidas y sin construir. 

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El geógrafo Gabriel Garcies, que ha colaborado en diversos estudios de la entidad conservacionista especializada en territorio Terraferida, ha elaborado así un análisis muy exhaustivo donde, como punto de partida, recoge que ya hay 65.196 parcelas construidas de un total de las 250.000 que hay en todo el suelo rústico de Mallorca. De estas 65.195, solo 51.932 son de uso residencial; es decir, son casas y chalés en fora vila.

«Afectadas por inundación habría unas 4.134. De todas ellas, con un uso residencial, hay 2.808», indica Garcies. 

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Estudio

Para Mateu Vic, el otro geógrafo habitual de Terraferida y que ha participado en este estudio impulsado por miembros de la entidad y que publica DIARIO de MALLORCA, es posible hacer la equivalencia «una parcela es igual a una vivienda; es lo más común si hemos de hacer una aproximación». «Hay que tener en cuenta también que a veces en estas parcelas encontramos más de un solo uso, como el deportivo, que podría ser una piscina o una pista de tenis», advierte. 

Con el fin de hacer un cálculo aproximado de las personas que podrían residir en estas casas y chalés en el campo -ya sea de manera permanente o temporal- levantados en áreas de prevención de riesgo de inundación, podría multiplicarse el número de estas viviendas por tres o incluso por cuatro, que sería el tamaño medio de los hogares en este tipo de inmuebles con más metros cuadrados que los pisos, indica Vic. En Balears, en estos momentos, según el INE, el tamaño medio de los hogares (teniendo en cuenta los pisos) está en torno a las 2,61 personas. 

Una vez realizado el cálculo correspondiente, saldría que aproximadamente unas 11.200 personas residen en suelo rústico en riesgo de inundación. Si a esta cantidad, se le sumaran las nuevas viviendas que podría levantarse en las zonas inundables que hasta ahora estaban protegidas en rústico (unas 570 parcelas tal y como publicó este diario), el número oficial de personas que residirían en estas zonas en riesgo ascendería en torno a las 13.500. Hay que recordar que el decreto que permite construir en estas áreas se aprobó el pasado mes de mayo y a las administraciones ya están llegando peticiones, también de legalizaciones, porque ya está en vigor. Otra cosa es que finalmente el Govern vaya a dar marcha atrás en este punto, una posibilidad ante las últimas manifestaciones públicas del Ejecutivo.

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Más población expuesta en suelos con otros usos

Las cifras de población expuestas al riesgo de inundación (13.500 personas), que pasarían a ser oficiales tras la legalización, aumentarían en gran medida la presión humana que ya padece el suelo rústico de Mallorca, un hecho que se vería reforzado por otra cuestión: hay más parcelas rústicas en zonas inundables que tienen otros usos y hay que tener en cuenta que en ellas habría también personas trabajando u otras haciendo uso de alguno de sus servicios. Es decir, sería aún más población expuesta a los riesgos de inundación. Por ejemplo, en el estudio de Gabriel Garcies a partir del Catastro, quedan señaladas 345 parcelas dedicadas al ocio o la hostelería; otras son oficinas, muchas de uso industrial y agrícola, e incluso algunas son equipamientos sanitarios. «Una parte del hospital de Inca está construido sobre una zona inundable», advierte Mateu Vic, quien recuerda que con la amnistía prevista se está hablando de suelo rústico y no urbano, donde también hay mucha construcción en inundable. 

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Tanto Vic como Garcies coinciden en que no hay forma de distinguir qué parcelas de rústico en inundable tienen construcciones que ya son legales y cuáles no. «El Catastro recoge ambas [legales e ilegales] y casi todo lo construido, pero sin especificar», advierten los geógrafos. «Es un dato que tampoco tienen sistematizado las Administraciones, porque si así fuera se verían obligadas a actuar», indica Vic. «La única manera de saberlo sería yendo a los Ayuntamientos a pedir un histórico de las licencias e ir comprobando construcción por construcción». 

Construcciones en rústico sin licencia en el periodo 2015-2023

Sin embargo, Mateu Vic sí ha podido calcular las construcciones en rústico sin licencia entre los años 2015-2023 (es decir, en las dos anteriores legislaturas de pacto de izquierdas) gracias a la ayuda del geógrafo de la UIB Macià Blàzquez, quien consiguió el listado oficial de proyectos autorizados por el Consell en este periodo. Pese a que la mayoría de estas construcciones ilegales rastreadas por Vic no podrán acogerse a la amnistía de Prohens, ya que sólo podrán hacerlo aquellas que son anteriores a mayo de 2016, sí son ilustrativas del ritmo de crecimiento masivo que está experimentando el rústico en Mallorca y del descontrol legal que existe. Ya que esta información se circunscribe a las áreas de prevención de riesgos, Vic ha calculado que los chalés construidos en estas zonas entre 2015 y 2023 que no tenían licencia y por lo tanto son ilegales ascienden como mínimo a 65, «y ahora sólo me estoy refiriendo a casas nuevas que estaban en parcelas sin edificar o donde había una pequeña caseta, no nos podemos hacer una idea de la cantidad de modificaciones y ampliaciones ilegales que hay», señala .

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El dato que emplea el PSOE para calcular las construcciones en rústico (en inundable y no inundable) que podrían beneficiarse de la amnistía asciende a 30.000, «lo cogimos de la UIB», explica Mercedes Garrido. Pese a no existir un censo definitivo, parece que este es el número que se barajaba cuando se aprobó el Plan Territorial de Mallorca. Unas 1.500 edificaciones se legalizaron después con la ley Company de 2014, aunque los detalles del dato exacto nunca han podido conocerse. 

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