Homofobia en el Tribunal Supremo

No conozco al fiscal Julio Cano, y sobre todo celebro no conocer a su colega José Díaz Cappa, de quien incluso la cúpula fiscal concluye que «no tiene la necesaria aceptación por parte de la plantilla», y le atribuye conflictividad. También es un mal perdedor, que ha recurrido con éxito el nombramiento de Cano como Fiscal Superior de Balears.

El Supremo anula el nombramiento del fiscal superior de Baleares

El Tribunal Supremo, en su lucha abierta contra el Estado, emplea a Cano de subterfugio para seguir anulando todas las decisiones del fiscal general, Álvaro García Ortiz. El argumento reiterado por Díaz Cappa para aherrojar su superioridad curricular es el conocimiento de la lengua «cooficial», el término utilizado por los madrileños para referirse al catalán. En una pregunta inocente, ¿alguien ha escuchado alguna vez a este fiscal pronunciando una palabra en el idioma «cooficial»?

Cano tuvo la decencia al presentar su candidatura de someter su vínculo con un colega al criterio de incompatibilidad de la Inspección Fiscal. Ahora paga el exceso de celo, porque el Supremo quisquilloso se centra en que la absolución inspectora no fue trasladada al órgano que nombraba, vaya por Dios. El fiscal humillado paga su exceso de celo y de sinceridad.

La sentencia centrada en una relación homosexual rezuma homofobia. Señalar con el dedo enhiesto que el castigado «de manera pública y notoria, mantenía una relación estable de afectividad», atenta contra el Derecho, la lógica y la decencia. ¿«De manera pública y notoria» conlleva una trasnochada acusación de exhibicionismo?, ¿se aplicaría esta imputación a un caso heterosexual?, ¿de qué matrimonio puede avalarse en estos tiempos ajetreados que «mantiene una relación estable de afectividad»? Una cosa es renegar de lo queer, lo woke o la cancelación, y otra restaurar el franquismo por la puerta principal.

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