Las entidades sociales de la Iglesia cargan contra el programa 'Alquiler Seguro' en Baleares
Los responsables de la Sapiència, Sojorn y Cáritas echan de menos medidas más «valientes»: «Si hay dinero para pagar siete años de renta, ¿por qué no hacen pisos de protección oficial?»

Jaume Alemany, de Sojorn; Teresa Riera, de Cáritas; y Toni Moyà, de la Sapiència. | CÁRITAS MALLORCA
Las entidades sociales de la Iglesia de Mallorca censuran con dureza el programa Alquiler seguro que ha presentado esta semana el Govern. Lo ven «insuficiente» y piden «soluciones extraordinarias» para un «problema extraordinario» como es el de la escasez de la vivienda, puesto que consideran que esta medida es «poco valiente e impactante»: «Quien se tiene que enterar no se entera, y el que tiene que dar soluciones no las da», lamentaron.
En una rueda de prensa en la que presentaron una nueva campaña para sensibilizar sobre las personas en situación de sinhogarismo, las entidades Sapiència, Sojorn y Cáritas Mallorca mostraron su malestar por la falta de medidas contundentes y coincidieron en rechazar el nuevo programa del Ejecutivo autonómico: «No nos gusta mucho», expresaron. Como se recordará, la idea es que el Govern pague un alquiler tasado y asuma el 30% del coste de las viviendas que formen parte del plan, de manera que los propietarios cobren el alquiler cada mes o en pagos anticipados de un año o de los 7 años de duración del contrato.
«Si hay dinero para el programa de Alquiler seguro, para adelantar siete años hasta 1.500 euros de renta, ¿por qué no se ponen a hacer pisos de protección oficial?», manifestó el delegado de Pastoral Penitenciària y responsable del proyecto Sojorn, Jaume Alemany, que denunció una situación de «auténtica emergencia» y propuso otras medidas: «Se pueden limitar los alquileres (...), aunque eso es impopular y no da votos», sentenció.
Alemany instó al Govern a tomar otras medidas más «valientes» como topar el precio de alquiler, promocionar «muchas más viviendas públicas» o penalizar los pisos cerrados «que dejan vacíos esperando a que el precio suba». «Esto demanda soluciones mucho más valientes e impactantes, se trata de sensibilizar a la sociedad y a las administraciones también», comentó Alemany.
La técnica del servicio de Vivienda y Personas Sin Hogar de Cáritas Teresa Riera apuntó que «mientras la vivienda no sea considerada un derecho y se siga permitiendo la especulación y ganancias, cada vez habrá más gente en situación de calle y más familias con dificultades de acceso a la vivienda, y cada vez serán más los colectivos que irán entrando en lo que llamamos personas sin hogar», advirtió la profesional de Cáritas.
Apoyo de las inmobiliarias
En cambio, la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacional e Internacional (ABINI) mostró ayer su «más firme apoyo» al programa Alquiler seguro anunciado por el Govern al considerar que esta iniciativa «marca un importante paso hacia la resolución de los problemas de acceso a la vivienda en Baleares, favoreciendo tanto a propietarios, como a residentes».
Según se indicó desde esta patronal, «a diferencia de las intervenciones y limitaciones implementadas en los últimos tiempos, que han provocado una drástica reducción de la oferta de viviendas en alquiler y un aumento sostenido de los precios», el programa anunciado por el Govern permitirá la reincorporación al mercado de las viviendas que fueron retiradas, según se señaló.
Esto, a su vez, se añadió, contribuirá a la unificación de precios, «situándolos aproximadamente un 30% por debajo del valor de mercado, y ofreciendo a los propietarios la seguridad de que recibirán la renta acordada y que sus inmuebles serán devueltos en las mismas condiciones en las que fueron alquilados».
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, pidió a la presidenta Marga Prohens que retire el programa Alquiler seguro: «Es un problema y sólo sirve para enriquecer a inmobiliarias y especuladores de la vivienda». Negueruela afirmó que «ningún trabajador de la hostelería, teniendo el convenio colectivo más alto de España, podrá entrar en este programa».
El PSOE de Baleares denunció que solo tendrán acceso a este programa del Govern los trabajadores que cobren un mínimo de 3.675 euros netos al mes en Ibiza y Formentera, o un mínimo de 2.650 euros netos mensuales en Mallorca y Menorca.
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